En marzo pasado “Bertha” llegó con una de sus hijas a un espacio de la Red Nacional de Refugios (RNR) para mujeres víctimas de violencia familiar. Estaba en total desnutrición, su pequeña de seis años padecía serios problemas dermatológicos por ansiedad y falta de higiene y a su hermanita ya se la habían arrebatado sin que el Estado hiciera algo efectivo por ellas.

Según el testimonio de “Bertha”, cuyo nombre real y localización no se publican por seguridad, ella estuvo tres meses en un refugio de Acapulco, administrado por el gobierno de Guerrero, donde recibió techo. “Lo único que podemos hacer es tenerte aquí. No hay presupuesto para comida, no hay para medicamento”, le decían.

Peor aún, “en el tiempo que estuvo en el refugio no hacía nada. No había psicóloga ni trabajadora social, no hizo ningún proceso de denuncia y ya le habían quitado a su otra hija. ¡Eso fue totalmente revictimizante!”, denuncia Wendy Figueroa Morales, directora general de la RNR, organización civil que acogió a “Bertha” y le ofreció el apoyo necesario para proteger su vida y la de sus hijas, a quienes recuperó sanas y salvas en junio último.

En entrevista con Proceso, la activista feminista recuerda la queja de esta víctima: “Nos dijo que al gobierno le valió lo que ella vivía, les dijo que se quería ir, le dijeron ‘sí, adiós’. Fue a denunciarlas, incluso a la Secretaría de las Mujeres de Chilpancingo y no hicieron nada”.

En otro caso narrado por la entrevistada, “Susana” acudió a un centro de atención externa en Veracruz para pedir ayuda, pues estaba en riesgo feminicida. “Le dijeron que no había recursos y le dieron cita dentro de 15 días, y en ese inter trataron de matarla”, cuenta. Una colectiva feminista la contactó con la RNR, la cual le dio acompañamiento virtual y la resguardó en otro estado del país. Hoy está viva.

Los casos de “Bertha” y “Susana” son sólo dos ejemplos de la deriva en la que han quedado mujeres víctimas de violencia por la falta de planeación y recursos, además del aletargamiento en los procesos de atención a partir de la creación de la Secretaría de las Mujeres del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde parece que “no llegaron todas”.

Muchos planes, poco presupuesto

A un año de la creación de esa secretaría bajo el mando de Citlalli Hernández Mora, exsecretaria general de Morena, sus planes son muchos, pero sus deudas y limitaciones son más: escaso presupuesto, programas duplicados, opacidad, prioridad a intereses partidistas, falta de trabajo territorial y penal, protagonismo, invisibilización de organizaciones civiles, ausencia de colaboración con los Poderes Legislativo y Judicial y un “feminismo light”.

En eso coinciden académicas reconocidas por su trabajo en favor de las mujeres, así como dirigentes de organizaciones civiles expertas, desde hace años, en el apoyo a víctimas de violencia y riesgo feminicida. Y aunque todas reconocen el tino de la presidenta Sheinbaum Pardo para elevar a rango de secretaría la atención a las mujeres, cuestionan desde diversos frentes el trabajo hecho hasta ahora por la dependencia.

Desde el 19 de agosto de 2024, cuando la presidenta Sheinbaum anunció la creación de la primera Secretaría de las Mujeres en México, a cargo de la exsecretaria general de Morena, luego del trabajo político que hizo en su campaña presidencial, comenzó a tomar forma la nueva dependencia. Ese día se anunció la fusión del Instituto Nacional de las Mujeres con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Luego, en diciembre, vino el decreto presidencial para reformar y adicionar disposiciones en siete leyes secundarias para promover la igualdad sustantiva, la perspectiva de género, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la erradicación de la brecha salarial por razones de género.

_______________________________

Fragmento del reportaje publicado en la edición 27 de la revista Proceso, correspondiente a septiembre de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.