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El doble juego de Grupo Televisa: deudor del SAT, pero beneficiario de recursos públicos

Pese a su adeudo, la televisora no ha dejado de recibir publicidad oficial; más aún, por ser parte de los organizadores del Mundial 2026 tiene probabilidades de beneficiarse de las exenciones fiscales que la FIFA impuso a México
sábado, 6 de diciembre de 2025 · 05:00

El empresario Emilio Azcárraga arrastra desde hace una década una deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mediante sus empresas Ollamani y Televisa, principales impulsoras del Mundial 2026. Aun así, sus compañías reciben recursos públicos, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido no destinar publicidad oficial a quienes le deben al fisco.

A la fecha, los créditos fiscales ascienden a cuatro mil 540 millones de pesos en total, de los cuales dos mil 378 millones corresponden a Ollamani, y los restantes dos mil 162 millones a Televisa y un grupo de subsidiarias.

Aunado a eso, Ollamani –y quizá Televisa y algunas de sus subsidiarias– podría beneficiarse de la exención total de impuestos que la FIFA acordó desde la administración de Enrique Peña Nieto, condición que puso al gobierno federal para otorgarle a México la celebración de 13 partidos mundialistas.

El acuerdo es que México otorgará una exención de impuestos no sólo a la FIFA, sino a participantes y organizadores de la Copa del Mundo que el máximo organismo del futbol mundial entregará en una lista al gobierno de Claudia Sheinbaum para que estén libres del pago de impuestos. Se trata de subsidiarias de la FIFA, proveedores, contratistas, personas físicas y cualquier tercero relacionado.

Sin embargo, después de que esto quedó establecido en la Ley de Ingresos de 2026, la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado en el que dio a conocer que ha realizado mesas de trabajo con la FIFA para acotar las disposiciones fiscales y aduaneras aplicables a quienes participen en la organización del Mundial 2026.

El comunicado indica que el Poder Legislativo autorizó en la Ley de Ingresos una medida para permitir que los entes mencionados sólo puedan acceder a este beneficio mediante la expedición de una norma habilitante y así puedan aplicar a las garantías acordadas para el cumplimiento de ciertas obligaciones formales de pago, traslado, retención, recaudación conforme a las disposiciones fiscales; pero aclara que sólo será durante 2026 y no a partir del último cuatrimestre del ejercicio fiscal 2025.

Será la Secretaría de Hacienda, vía el SAT, la que...

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Fragmento del reportaje publicado en la edición 0030 de la revista Proceso, correspondiente a diciembre de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.

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