La reforma electoral no avanza con paso firme; se tambalea. Un día parece inclinarse hacia un lado y, al siguiente, hacia otro. Su destino dependerá, en buena medida, de la capacidad de negociación de Morena y sus aliados, así como de los compromisos que puedan tejerse rumbo a los próximos procesos electorales en 17 entidades federativas. Es política pura: acuerdos, presiones, concesiones y cálculos a futuro.

La reunión del lunes último por la noche habría sido tensa, al igual que las que le siguieron. Versiones cruzadas apuntan a intentos de imponer criterios y tiempos. Pablo Gómez estaría atrincherado en sacar la reforma sí o sí, e incluso columnistas e integrantes de partidos han señalado una actitud amenazante; así lo ven.

Al día siguiente, el martes en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la iniciativa no ingresaría ese día, como lo había anunciado, aunque sí podría presentarla el miércoles y así fue: la presentó informando que el lunes próximo ingresará al Congreso. 

Por otro lado, el diputado Monreal habló de darse días de reflexión para analizarla; el martes por la noche lo declaraba. Vaya que los tiempos en política envían mensajes. Vale la pena recordar que las negociaciones previas se habían roto en la Secretaría de Gobernación.

Uno de los puntos más cuestionados es el de las diputaciones plurinominales. Tal como se ha planteado el debate, la redacción propuesta podría traducirse en una sobrerrepresentación favorable a Morena en el Congreso de la Unión, reduciendo espacios para la oposición e incluso para sus propios aliados, como lo son el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un principio claro: la sobrerrepresentación no puede exceder 8 por ciento. Ese límite no es un capricho técnico; es un mecanismo diseñado para evitar mayorías artificiales que distorsionen la voluntad popular.

Otro tema que va y viene en el debate es el financiamiento público a los partidos. Cambiar la fórmula puede alterar la competencia de manera significativa. Si la modificación termina beneficiando al partido en el poder sin afectar proporcionalmente su estructura territorial y electoral, el escenario se asemeja a una carrera de atletismo donde uno de los competidores arranca varios metros adelante. La competencia deja de ser pareja. Para algunas fuerzas políticas, el nuevo esquema podría incluso significar el riesgo de desaparición.

El contexto nacional no ayuda. El ambiente político está polarizado, las alianzas son frágiles y los desacuerdos se ventilan en público. En este clima imponer una reforma electoral con percepciones de sesgo puede tensar aún más la cuerda. La historia política mexicana demuestra que, cuando las reglas del juego se perciben como inclinadas, la legitimidad de los procesos se desgasta y se confunde la confianza ciudadana. La Confederación Patronal de la República Mexicana también emitió un pronunciamiento al respecto. Hoy enfatiza que lo que menos les interesa a los ciudadanos es una reforma electoral.

Las reformas electorales deberían construirse desde la prudencia, no desde la ventaja coyuntural. Las mayorías cambian. Los aliados de hoy pueden ser los competidores de mañana. En política, como en la vida, los mejores amigos lo son… hasta que dejan de serlo.

El desenlace aún está por escribirse. Pero si algo es claro, es que modificar las reglas de la representación y del financiamiento partidista no es un movimiento menor. Y en esta materia cualquier paso en falso puede tener consecuencias que trasciendan una legislatura y marquen el rumbo de los equilibrios políticos en los próximos años.