Si tomamos una fotografía del ecosistema digital venezolano tras la salida de Nicolás Maduro, lo que observamos en materia de tecnología es un reflejo fiel del sistema político. La panorámica muestra una infraestructura de telecomunicaciones con rezagos estructurales que limitan su potencial como palanca de recuperación económica y competitividad. 

A escala de indicadores de uso, Venezuela exhibe tasas de penetración de internet y usuarios que han mejorado en los últimos años, pero son bajas si se les compara con el resto de los países de la región. Tiene una adopción de personas usando internet de apenas 61.6% y una penetración de banda ancha móvil de 72.8%, pero estos números conviven con algunas de las velocidades de banda ancha más bajas de la región.

En lo regulatorio, la autoridad (Conatel) ha impulsado procesos de asignación de espectro para 4G y 5G para modernizar las redes. En los últimos dos años se anunciaron y ejecutaron procesos de licitación que ponen a disposición bloques en la banda de 3.5 GHz y otros remanentes para despliegues 5G, aunque la cobertura comercial aún no se ha materializado. 

El mapa de actores combina operadores privados históricos con empresas estatales. CANTV/Movilnet (operador estatal) mantiene presencia importante en segmentos fijos y móviles; además, empresas extranjeras como Telefónica (Movistar) y operadores privados como Digitel operan en el mercado. 

La presencia estatal asegura cobertura en zonas donde el mercado no resulta atractivo; la participación de operadores privados aporta competencia y experiencia tecnológica, aunque condicionada por restricciones macroeconómicas, control cambiario y riesgo político. Venezuela es uno de los tres mercados, además de México y Chile (en procesos de venta), donde Telefónica de España aún conserva operaciones. La caída de Maduro podría abrir la opción de venta de Movistar.

La experiencia del chavismo con la tecnología se ejemplifica con iniciativas simbólicas como el teléfono “Vergatario”, impulsado por Hugo Chávez para defender la soberanía tecnológica y la inclusión mediante producción estatal de teléfonos celulares. Esta anécdota ilustra la política de apropiación tecnológica con fuerte sesgo ideológico: dispositivos o proyectos estatales como instrumentos de legitimación política más que proyectos sostenibles de mercado. 

Un somero diagnóstico del sector telecomunicaciones, tecnológico y digital en Venezuela hacia una nueva era arrojaría lo siguiente: cobertura móvil relativamente alta en zonas urbanas. Base de usuarios digitales de 18 millones (reducida por la migración de venezolanos a otros países), pero con posibilidad de oferta de servicios digitales y comercio electrónico. Espectro 5G recientemente licitado para detonar inversiones en redes móviles de nueva generación y servicios empresariales de transformación digital industrial, telemetría petrolera, telemedicina y más, fundamentales para una etapa de reconstrucción venezolana. 

En esta nueva etapa puede crecer el interés de inversionistas y los planes de modernización de operadores privados que pueden aportar capital y experiencia técnica, pero es previsible que los desarrolladores chinos de tecnología e infraestructura digital encuentren obstáculos y barreras geopolíticas y comerciales para aportar al nuevo desarrollo y crecimiento de Venezuela. 

Hoy, una de las principales debilidades es la calidad de la red rezagada y las velocidades bajas, lo cual afecta la productividad, la transformación digital y la innovación en Venezuela. Actualmente, la infraestructura está envejecida, hay obsolescencia de equipamiento y dificultades para importación de insumos por restricciones cambiarias y el embargo económico. 

El riesgo geopolítico no desaparecerá en la nueva situación post Maduro dominada por la administración Trump, sólo cambian las fichas del tablero porque el mandatario de Estados Unidos ya pidió que el gobierno provisional de Venezuela rompa relaciones comerciales con China, Rusia, Irán y Cuba. 

En lo político, existe fragmentación institucional e interferencia en decisiones técnicas. El regulador, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, está adscrita directamente al ideologizado Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, creado en 2002 por Hugo Chávez. Sus principales atribuciones son la administración de los medios públicos, la gestión de la información, las relaciones con los medios y el desarrollo de la comunicación popular.

Otra amenaza para los planes petroleros de Trump es la vulnerabilidad de la red ante fallas en el suministro energético, crítico para el soporte de otras infraestructuras como el petróleo y el transporte. Venezuela se hizo famosa por los constantes y prolongados apagones eléctricos. 

La reconstrucción del sector petrolero, objetivo central de la administración Trump, no puede desligarse de la modernización de la infraestructura digital. Redes seguras y robustas son necesarias para optimizar operaciones, hacer mantenimiento predictivo, digitalizar cadenas de suministro y habilitar plataformas de comercio y logística que aumenten la eficiencia exportadora. 

El despliegue de fibra, transporte de datos y cobertura en sitios remotos de producción petrolera son condiciones previas para que la revitalización del sector hidrocarburos se traduzca en productividad real y no sólo en extracción. Sin modernización digital, las inversiones en producción petrolera enfrentarán cuellos de botella y mayores costos de operación.

La inversión de infraestructura petrolera va de la mano de la infraestructura digital. Se abre la oportunidad de agilizar los procesos regulatorios, adjudicar espectro y acelerar despliegues de 5G en centros urbanos y zonas industriales. La prioridad es estabilizar la cadena de suministro de equipos. 

Si convergen inversión privada, normalización de relaciones internacionales y políticas públicas y regulatorias que ofrezcan certidumbre, Venezuela puede experimentar una modernización de redes que respalde la automatización del sector energético y la diversificación económica. La “Venezuela digital” que deja Maduro es un país con déficits estructurales que exigen una estrategia de reconstrucción integral.

Twitter: @beltmondi