La Coparmex recientemente reportó que hasta septiembre pasado las pérdidas por extorsión entre empresarios ascendían a unos 21 mil millones de pesos, y en promedio cada día se destinaban alrededor de 77 millones de pesos a la extorsión.

El asesinato del alcalde de Uruapan no solo truncó una vida; exhibió la vulnerabilidad de toda autoridad que se atreve a ejercer el cargo sin pactar con el miedo.

Si alguna iniciativa debiera tomar el gobierno de México, es evitar a toda costa los tiempos prolongados de detención, especialmente de las personas que se identifiquen con condiciones de salud más vulnerables.