SALTILLO, Coah. (apro).- Como consecuencia de la tortura de la que fue objeto en varias prisiones del país, murió un exelemento de la Marina que fue procesado por diversos delitos y pugnaba una condena en el Centro Federal de Readaptación Social, CEFERESO número 18 que se ubica en el ejido Mesillas, en el municipio de Ramos Arizpe. 

Alejandro Sánchez Pérez permaneció internado en la cama 3 de la sala 21 del Hospital General de la ciudad de Saltillo, donde en pocos días perdió casi 10 kilos. 

Jackeline Campbell Dávila, defensora de derechos humanos, señaló que fue el Domingo de Ramos cuando una persona le comentó del caso y junto con el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, acudieron al nosocomio pero no les permitieron verlo. Vera López denunció que era la primera ocasión que le negaban dar el sacramento a una persona privada de su libertad. 

“En México, las personas privadas de su libertad (PPL) conservan su derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto, garantizado por el artículo 24 de nuestra Constitución. Sin embargo, las autoridades penitenciarias federales que custodian a un joven en el Hospital General de Saltillo, Coahuila quien es interno del CEFERESO 18 de Mesillas, me negaron el poder acercarme a él para ofrecerle los sacramentos. Los elementos de Seguridad Pública no son los dueños de la vida de ese muchacho y no pueden quitarle sus derechos, se trata de un ser humano”, escribió el jerarca católico. 

Fue con el apoyo del padre Robert Coogan, integrante de la Pastoral Penitenciaria, y otra persona del hospital por quienes pudieron tener contacto con el enfermo. 

“Él aún hablaba y dio el teléfono de su papá, con quien nos comunicamos y quien se trasladó desde el Puerto de Lázaro Cárdenas hasta Saltillo, a una distancia de más de mil kilómetros”, recuerda la activista. 

El exintegrante de la Marina fue acusado de delincuencia organizada en Zacatecas, donde empezó a ser torturado y le dañaron su salud al lastimarle severamente el estómago y por ello empezar a perder peso. Sin embargo, Campbell Dávila afirma que no se ha tenido acceso ni a su expediente médico ni el penal, y hay personas que aseguran que el delito es por un asesinato del que él siempre se dijo inocente. 

Martín, el padre de Alejandro llegó desde el estado de Michoacán a conocer el delicado estado de salud de su hijo, quien permanecía bajo custodia federal y con un pie esposado a la cama. 

“Entró los primeros días: unas horas en la mañana y unas horas en la tarde. Vio lo mal que estaba y no se lo imaginaba. El muchacho pesaba 90 kilos en el momento de la detención, hace 8 años, y cuando él lo vio pesaba 35 kg. Murió con 28 kilos. Al paso de una semana, como si el chico lo estuviera esperando, su hijo murió”, señaló. 

La semana anterior el padre del reo interpuso un amparo para que se investigara por qué la salud de su hijo se deterioró tan rápidamente. El domingo se determinó dejarlo en libertad y le retiraron las esposas, pero el personal de seguridad se mantuvo dentro del cuarto de hospital, donde también se generó incertidumbre entre el personal médico en torno al pago por el servicio proporcionado. Campbell Dávila señala que las cenizas de Alejandro serán trasladadas a su lugar de origen. 

En dicho reclusorio se han documentado diversas acciones de tortura, como Proceso lo dio a conocer el pasado el 13 de abril cuando familiares denunciaron las irregularidades, donde incluso les avisan a los familiares que no pueden ingresar a ver a los reos, pese a que se trasladan desde distintos estados. 

“Debemos de entender que los traslados son una forma de entender la tortura, pues están distanciados de los familiares que son parte de la recuperación de las personas privadas de la libertad”, señaló la activista 

La semana anterior se registró otro suicidio de un reo, algo que ha preocupado a las familias por los constantes casos que se registran en los últimos años. 

La CNDH informó que se cuenta con 29 carpetas de investigación por violaciones a los derechos humanos en el lugar, solo en el presente año, los cuales están relacionados al acceso a los servicios médicos, al procedimiento interno de legalidad y en poner en riesgo la integridad de los internos.