CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con el desgaste físico, emocional y económico que significa desplazarse de un estado a otro para estar dos horas con su familiar, el 22 de febrero pasado Vanesa (nombre ficticio) se encontró con la prohibición repentina de ver a su padre, interno en el Cen­tro Fede­ral de Rein­ser­ción Social Número 18 (Cefereso 18), ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila.

“No nos decían nada, sólo que no podíamos pasar a ver a nuestro PPL (Personas Privada de la Libertad, como se refiere a su padre), durante tres días se cancelaron las visitas, sin que se nos explicaran la razón, lo que es muy injusto porque trabajamos mucho para hacer el gasto para visitarlo, y nos regresamos sin verlo.

“Cuatro días después teníamos programada llamada del Cefereso con él, de diez minutos, generalmente menos, y no se comunicaron; llamamos para preguntar qué pasaba y sólo nos dijeron que nuestro PPL estaba bien”, cuenta Vanesa en entrevista con Proceso.

Por información compartida en grupos de WhatsApp, Vanesa y otros familiares de los 2 mil 528 internos del Cefereso 18 (mil 20 del fuero común y mil 4 del fuero federal), se enteraron que tampoco se permitió el acceso a abogados y que el aislamiento al que sometieron a los PPL se replicó al menos en los ceferesos 1, 13 y 17, en el Altiplano, Oaxaca y Michoacán.

Se enterarían que las restricciones estaban relacionadas con el operativo que el 22 de febrero pasado llevó a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que habría contado con información de inteligencia de Estados Unidos, para detener al máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, quien murió en el enfrentamiento implementado para su arresto.

“Después nos enteramos que el 22 encerraron a los PPL, no les permitieron salir ni siquiera al comedor, se suspendieron las audiencias en los locutorios, todo para que nuestros familiares no se enteraran de lo que estaba pasando con ese señor (el Mencho), no sabemos por qué”, cuenta Rosa, familiar de otro interno del Cefereso 18, que también pide que se modifique su nombre para evitar represalias.

De acuerdo con la información recabada por Proceso, las medidas restrictivas en el Cefereso 18, presuntamente vinculadas al operativo militar del 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, han ido agravándose desde entonces, impactando también a los familiares de los internos.

Familiares de las personas privadas de libertad en el Cefereso 18 sostienen que desde esa fecha los reos siguen recluidos en sus celdas las 24 horas del día, se suspendieron talleres, no tienen acceso a agua más que la que se les proporciona en cada comida que es llevada por custodios a cada celda; no se les permite bañarse, no hay medicamentos en el área de enfermería y tampoco se permite a los familiares proporcionarlos.

Vendados y esposados

Regularizadas las visitas, sólo se permite el acceso a familiares en primer grado (madres, padres, hijos e hijas, y esposas); los reos son llevados con ojos vendados y esposados a entrevistarse con sus familiares o abogados, y después a ser sometidos a revisiones con rayos X antes de regresar a sus celdas, e incluso se les obliga a tomar laxantes; se reportan humillaciones que van desde obligar a los reos a limpiar el piso de sus celdas hincados con una franela hasta ser desnudados a altas horas de la noche, sin motivo aparente, frente a mujeres custodias, mientras que son videograbados por custodios que se hacen acompañar por perros.

Las quejas recabadas aseguran que desde que llegó a la dirección Raúl Platón del Cueto Morales se agudizaron los abusos y se hicieron extensivos a los familiares, quienes son sometidos a rayos X para ingresar, incluidas mujeres embarazadas; antes y después de acceder a sus PPL, las familias son concentradas en una habitación sin ventilación, lo que ha generado molestias, además de que se suspendieron las televisitas de 45 minutos, que se permitían cuando se detectaba algún impedimento para que los familiares ingresaran al penal.

“Meten en cada cuarto más de 20 personas, a veces hay bebés llorando por el calor insoportable; hay señoras mayores que sienten mal por la falta de aire; nos hacen esperar hasta dos horas en ese lugar, a la entrada y la salida, y ha habido caso de familiares que han perdido vuelos porque hemos salido después de las nueve de la noche”, cuenta Rosa.

María, madre de un joven interno, agrega que los familiares con frecuencia se les impide el acceso al penal bajo el argumento de que al ser sometidos a rayos X sale una “imagen inusual”.

“Nos pasan dos veces por rayos X, por delante y detrás, y en ocasiones nomás te dicen ‘imagen inusual, no puede pasar’. Yo les he preguntado qué es lo que se ve o qué, que me muestren qué es lo que se ve, y me dicen que no se puede, que no me pueden decir.

“Nos han tenido entre hora y media a dos horas esperando a nuestro PPL, por algo que le llaman código, y lo mismo a la salida”, apunta María, nombre ficticio.

María resalta que ante los malos tratos ha interpuesto amparos y quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sin lograr cambiar la situación.

“Le han dicho a mi hijo: ‘tienes que quitar ese amparo, porque si no te vamos a fregar’, y aunque él y los de su módulo tienen un amparo porque los guardias ya mataron a un compañero de ellos, les vale, todos los amparos o todo lo que diga el juez, para ellos no existe, dicen que son órdenes del director, y dicen que pongamos todas las quejas (a la CNDH) que queramos”, advierte.

Rosa advierte que los internos del Cefereso 18 tienen miedo tras el regreso al penal de Erick Cortés Ugarte, como director de seguridad, quien había sido separado de su encargo luego de que en abril de 2023 falleciera Oliver Eduardo Ramos Cardoza, quien supuestamente se habría suicidado pero su cuerpo tenía huellas de tortura.

De acuerdo con los testimonios de los familiares de los internos, Oliver fue sacado de su celda esposado y con los ojos vendados, supuestamente para ser llevado a enfermería, pero ya no regresó.

Después sabrían que había muerto y por familiares de Ramos Cardoza, entre los familiares de los internos se divulgó la imagen de Ramos Cardoza con huellas de golpes en el rostro y una perforación en una muñeca, caso que dio lugar a la recomendación 147VG/2023 de la CNDH,

“Nuestros PPL tienen miedo, porque regresó Erick y dicen que él fue el que sacó al muchacho que después dijeron que se había suicidado, tienen miedo que algo le ocurra y digan que fue suicidio”, apunta.

Funcionarios temidos

Cabe destacar que al revisar las trayectorias de los funcionarios mencionados por las familias, Raúl Platón Del Cueto Morales y Erick Cortés Ugarte, se advierte que ambos han pertenecido al sistema penitenciario desde hace décadas, y sus nombres han sido mencionados en denuncias públicas por violaciones a derechos humanos.

Destaca el nombre del actual director del Cefereso 18 quien aparece en la recomendación de la CNDH 81/1992, cuando el organismo era presidido por Jorge Carpizo, y está dirigida al entonces gobernador de Veracruz, Dante Delgado Rannauro, por tratos crueles inhumanos y degradantes, incomunicación tortura, contra un internos del Reclusorio Reginal Morelos de Cosamaloapan, del cual Del Cueto era director.

Entre las vejaciones que se describen, es que una vez que los internos ingresaban se les mantenía desnudos en una celda vacía de un espacio mínimo, conocido como “Apando”, por cuatro días; con acceso a servicios sanitarios cada tercer día; después de ese periodo, durante un mes, con fines de “observación”, se les tenía encerrados en el mismo lugar sin permiso para bañarse y sin posibilidad de salir al comedor, alimentados solo una vez al día.

Originario de Veracruz, Del Cueto fue director del Penal Allende del Puerto de Veracruz en 2007, y en junio de ese año salió ileso de un atentado a balazos cuando se dirigía a su casa en el fraccionamiento Floresta, de acuerdo a medios locales; entre 2016 y 2018 fue director general de Prevención y Readaptación social de Veracruz, durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

Del Cueto también estuvo en el sistema penitenciario de Tamaulipas, en 2011; en San Luis Potosí como director del Centro de Reinserción Social 1 La Pila; y durante el gobierno de Alejandro Murat como director del Centro Penitenciario Varonil Tanivet de Oaxaca, cargo que asumió en 2018 y fue destituido en 2023 por “no observar el protocolo para el egreso definitivo de una persona privada de libertad”, según se publicó el 7 de enero de ese año en El Universal.

Erick Cortez Ugarte, quien fue comandante de Grupo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, aparece en una relación elaborada por el gobierno de Estados Unidos en enero de 2010, en la que se solicita información sobre “creíbles de violaciones graves de los derechos humanos cometidas” por 29 servidores públicos, que formaban parte del sistema penitenciario, previa a la realización de un “Curso de Instructores de Correccionales”, en Santa Fe, Nuevo México, a realizarse a partir de marzo de ese año.

En una nota publicada por Los Ángeles Press en mayo de 2019, Cortés Ugarte fue denunciado por tortura, malos tratos, segregación, incomunicación, entre otras vejaciones, cuando era director de Seguridad del Cefereso Número 1 del Altiplano.

En una carta dirigida al Consejo de la Judicatura en 2019, firmada por George Khoury Layón, uno de los implicados por Isabel Miranda en el supuesto secuestro y asesinato de su hijo, se acusa a Cortés Ugarte de actuar bajo las órdenes de quien era directora del penal federal, Jazmín Borbón Ochoa, y que los abusos cometidos derivaron en intentos de suicidio por parte de internos, de quienes se menciona sus nombres, consumándose un fallecimiento.

En el texto también se menciona como antecedente de la mancuerna Borbón-Cortés, hechos ocurridos en un penal de Tijuana en 2018, en que fueron denunciados por un familiar de un interno de recibir “moches”.

De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024, elaborado por la CNDH, el Cefereso 18 obtuvo una calificación de 8.31 sobre 10, aunque en las observaciones destacan insuficiencia de personal de seguridad y custodia; un deceso, una riña y un evento de autoagresión, así como un suicidio del que las autoridades del centro penitenciario “no especificaron la posible causa” del mismo, en tanto que en 2024 se acumularon 113 quejas ante el organismo

En el documento se destaca la recomendación 147VG/2024, por la muerte de Oliver Eduardo Ramos Cardoza, y que fue clasificada por la CNDH como producto del “uso excesivo de la fuerza”, y se dirigió al Comisionado de Prevención y Readaptación Social como al fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Es en esa muerte en la que, de acuerdo a los internos en voz de sus familiares, estuvo involucrado Erick Cortés Ugarte.

“Nuestros PPL tienen miedo, cada vez que los sacan de sus celdas esposados y con los ojos vendados, porque así sacaron a ese muchacho y no regresó (…) hemos puesto quejas en la CNDH, dicen que van a ir (al Cefereso 18), pero no van y las cosas van de mal en peor”, sostiene Rosa.

El pasado 7 de abril, el medio local Zócalo de Saltillo, hizo un recuento de fallecimientos en el Cefereso 18. De febrero del 2025 al 6 de abril del presente año, seis internos habían fallecido, dos de ellos por supuesto suicidio; dos por tuberculosis y desnutrición; uno por apuñalamiento en una riña y un más por supuesto infarto.

En la revisión de incidentes en el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciara Nacional, durante el periodo en que el medio reporta las muertes, sólo se reconocen tres decesos, dos por “muerte natural o enfermedad” y uno más sin mencionarse la causa.

Proceso solicitó a la Dirección de Comunicación Social de la CNDH una entrevista con la encargada de la Tercera Visitaduría de la CNDH, Nestora Salgado, la exsenadora por Morena y expresa por haber sido comandanta de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero, visitaduría responsable de documentar los abusos a las personas privadas de la libertad. No hubo respuesta.