Nos encontramos en una etapa de transformación económica y digital en nuestro país. El proyecto de Ley de Ingresos para el próximo año no sólo es una herramienta para garantizar la estabilidad fiscal, sino también un llamado a involucrarnos, como sociedad, en la revisión de este paquete, ya que sus efectos (positivos o negativos) impactarán directamente en los bolsillos y hogares de los ciudadanos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025, en 2024 existían 100.2 millones de usuarios de internet, lo que equivale a 83.1% de la población de seis años y más. Además, entre 2023 y 2024 el uso de internet para comprar productos y servicios, realizar pagos y operaciones bancarias en línea presentó incrementos estadísticamente significativos de 2.4, 3.3 y 3.0 puntos porcentuales, respectivamente. Los principales productos adquiridos fueron artículos de uso e higiene personal (77.9 %), artículos para el hogar (45.8 %) y alimentos y bebidas (33.0 %).

Este crecimiento evidencia que el sector digital ha alcanzado una relevancia incuestionable. Hoy, millones de personas (especialmente jóvenes, emprendedores y usuarios digitales) operan, consumen y trabajan dentro de estas plataformas. Es indispensable, por lo tanto, que esta dinámica también contribuya de manera proporcional al sostenimiento del gasto público. No se trata de castigar la innovación, sino de actualizar el marco fiscal para que todos aportemos lo justo, como lo dicta nuestra Constitución.

Entre los puntos más relevantes del paquete económico, destacan las disposiciones que contemplan impuestos sobre actividades realizadas en el comercio electrónico, como operaciones financieras digitales, servicios de videojuegos y entretenimiento en línea, es decir, todas aquellas actividades que, hasta ahora, han permanecido parcialmente fuera del alcance del régimen tributario tradicional.

Sin embargo, este avance fiscal debe ir acompañado de una responsabilidad aún mayor: la protección de los datos personales de los mexicanos. Detrás de cada transacción electrónica hay una identidad, datos sensibles, patrones de consumo, ubicaciones e historiales financieros. Si el Estado exige que las plataformas tecnológicas nacionales y extranjeras participen en el régimen fiscal, también debe exigir, con la misma contundencia, que estas garanticen la privacidad, la seguridad y el resguardo de la información.

Debemos ser claros: cualquier vulneración, filtración o uso indebido de información personal no es un simple error técnico, sino una amenaza directa a la seguridad, la dignidad y el patrimonio de las personas. Es una puerta abierta al robo de identidad y, posteriormente, al robo financiero.

Por ello, es necesario que este proyecto de Ley de Ingresos incluya reglas claras y obligatorias sobre el manejo de datos personales por parte de las plataformas tecnológicas. 

Esas reglas deben contemplar protocolos de auditoría y supervisión digital con participación de organismos especializados, académicos e instituciones expertas; mecanismos de responsabilidad civil, administrativa y penal contra quienes vulneren esta información; y, sobre todo, garantías para que los ciudadanos sepan quién se hace cargo cuando sus datos son vulnerados y cómo se les va a resarcir.

Porque no se puede hablar de modernización fiscal sin modernización de derechos. Porque no hay recaudación legítima sin protección legítima.

Este es un debate urgente, pero también una oportunidad: recaudar, sí, pero también proteger; avanzar tecnológicamente, sí, pero con ética, ley y responsabilidad. En este sentido, el nuevo marco fiscal debe convertirse en un verdadero pacto de confianza, porque detrás de cada peso que se recauda debe haber un derecho que se garantiza.