El Congreso de la Unión tenía la oportunidad de discutir con profundidad y responsabilidad. Sin embargo, la ley fue aprobada con prisa, sin incorporar salvaguardas ciudadanas ni garantías de transparencia.

Los limoneros son parte de esta red de extorsiones que el crimen organizado michoacano ha levantado sobre las bases de un sistema de control territorial, económico y político.