Durante las últimas semanas ha sido brutal el freno impuesto contra la movilidad de migrantes y refugiados transitando por México con destino hacia Estados Unidos. Prácticamente ya nadie intenta el cruce irregular de la frontera, ni puede acercarse a algún puerto fronterizo para solicitar asilo. Todo está cerrado, jurídica, material e incluso militarmente conforme a la cruda estrategia impuesta por el gobierno de Donald Trump. 

Nada antes había sido más severo que el actual cierre fronterizo. Nunca el gobierno de México había formado parte activa de un bloqueo que incluyera la presencia del Ejército y Guardia Nacional justo al borde de la línea divisoria, inhibiendo cualquier acercamiento. Con ese panorama enfrente ¿se puede más dureza?

En poco tiempo pasamos del momento con más personas en movilidad de la historia a una etapa con la escala más reducida. Ni siquiera durante la pandemia del covid-19 –que paralizó al mundo– se registraron menos “encuentros” que los actuales. 

En diciembre de 2023 las autoridades migratorias de Estados Unidos reportaron más de 300 mil encuentros con extranjeros en su frontera sur. En abril de 2025 fueron apenas 12 mil. De esa dimensión es el abrupto giro y cambio de época de los procesos migratorios y de refugio. En estos días de radical contención somos solamente mexicanos quienes nos atrevemos a intentar el cruce fronterizo de manera irregular (80%) y casi nadie de otros países.

Hasta hace poco tiempo el flujo mexicano hacia Estados Unidos era importante y tenía una composición dual: el derivado de factores económico laborales (representado principalmente por la movilidad de adultos solos) y el derivado del desplazamiento forzado causado por las violencias y el crimen (representado por la movilidad de personas en grupo familiar). 

En la coyuntura en curso, para unos y otros las alternativas en México no son adecuadas o realizables. De un lado la economía no crece, ni lo hará en el corto plazo. 

Del otro, el deterioro del Estado de derecho en regiones enteras persiste como continua amenaza contra la vida y bienes de las poblaciones. Siendo así y ante la “válvula de escape” cerrada en Estados Unidos, lo más probable es que la movilidad hacia las mayores ciudades mexicanas sea una opción inevitable, incluyendo las fronterizas del norte. ¿Tendrá registro el gobierno sobre el nuevo escenario de movilidades internas? No hay salidas simples.

Por otra parte, las poblaciones que procedían de otros países, principalmente de Venezuela, Honduras, Guatemala, Haití, Perú, Ecuador, Colombia, entre otras nacionalidades, seguramente experimentarán también reacomodos en su movilidad hacia diferentes latitudes –como Europa– o bien rondarán penurias y acosos en las ciudades de sus respectivos países u otras latinoamericanas. 

En todo caso, será extraordinariamente complejo encontrar opciones dignas de vida y mínimamente respetuosas de los derechos humanos. Las actuales condiciones de exclusión y las restricciones de vida podrán así cambiar de domicilio, pero difícilmente desaparecerán. Por acá tampoco existen soluciones simples, ni los gobiernos latinoamericanos destacan por la atención a sus respectivas poblaciones migrantes.

Todavía se encuentra en México una parte significativa de la movilidad que recientemente ingresó a nuestro país por la frontera sur y que se vio frenada súbitamente. No son grandes números, pero sí delicada y vulnerable su situación como puede apreciarse en las calles de la Ciudad de México o en algunas fronterizas al sur y norte. 

El pregonado humanismo de la política de Estado tiene aquí la oportunidad –y obligación jurídica– de reivindicar y aplicar los compromisos internacionales y el marco nacional en materia de refugio. Sería la reacción mínima, propia, ante la agresividad promovida por el gobierno de Trump. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) debiera transformarse y suplir al severo rol del INM y de la Guardia Nacional que nada deben hacer frente a poblaciones que tienen un perfil social de refugio.

Hasta aquí, la ira de Trump contra migrantes y refugiados (con excepción de los blancos de Sudáfrica) ha tenido costos humanos, legales y económicos elevadísimos. Pero es apenas la primera fase. La hostilidad y agresividad al interior de Estados Unidos es otra parte sustantiva, que por lo pronto ha sido denunciada por violatoria del Estado de derecho y por incumplir sistemáticamente el debido proceso (no solamente en materia migratoria y de refugio). La pieza angular de Trump, en ruta acelerada, consiste en multiplicar la capacidad operativa de su gobierno para localizar y deportar a miles y miles de personas en situación irregular. 

La deportación masiva se encuentra así a un paso de materializarse; hemos visto hasta hoy sólo primeras señales. Este es un objetivo de corto plazo, asentado en el presupuesto que está negociando Trump con el Congreso. 

Vale decir, lo más grave está en curso y arribará pronto: escenas desgarradoras de detenciones, familias separadas, comunidades lastimadas, deportaciones en escala creciente de personas que han hecho su vida en Estados Unidos y violación masiva de derechos. Además, sin duda, costos de escala mayor para la economía de ese país: es más que conocido que su fuerza laboral no puede crecer sin inmigración, lo cual es asunto que tiene sin cuidado a Trump.

En cuanto a México, que ha sido aliado del gobierno de Trump para la contención de personas, inevitablemente comienza a experimentar elevados costos. Primero, sobre las personas en movilidad que ya no encuentran alternativas en el país vecino, ni del lado económico, ni como espacio de asilo. Siendo así, el panorama resultante es “cada quien con su cruz”, cada quien como pueda. Segundo, la contracción del crecimiento económico de Estados Unidos y particularmente la hostilidad contra la población extranjera en condición irregular –que no puede trabajar o que lo hace menos– comienza a repercutir sobre las remesas familiares que se han reducido significativamente (12% en abril de 2025, frente al mismo mes de 2024). 

La notable disminución de las remesas no puede entenderse ajena a la agresiva coyuntura impulsada por el gobierno de Trump. Si además se les impone un gravamen de 3.5% –lo que parece inminente–, el escenario pinta más negativo todavía. El piso social que las remesas implican para la población en México y, paralelamente, su estratégico rol macroeconómico en cuanto divisas, son rubros de la mayor importancia que no resisten fuertes cambios. Al final, como puede apreciarse, la ira de Trump contra migrantes y refugiados se está convirtiendo en un tobogán de deterioros humanos, sociales, políticos y económicos que impactan primero al propio Estados Unidos, pero también a México, no obstante la colaboración y condescendencia.

*Profesor del PUED / UNAM/ Excomisionado del INM