No encuentro hazaña democrática alguna en armar una Suprema Corte de Justicia al Acordeón, para que entre el gobierno y el partido la aprieten en cada caso hasta que toque la melodía de su elección. Ésa es una razón primordial para que siga el camino solitario de recursos internos contra la reforma judicial, pero no es la única.

Hay razones más materiales. Hoy corresponde hablar de uno de los costos de esa reforma. No lo que ya se gastó en una simulación de elección, sino lo que falta por pagar. El artículo décimo transitorio del Decreto de la reforma judicial ordena cubrir un importe equivalente a tres meses de salario integrado, de 20 días de salario por cada año de servicio prestado y todas las demás prestaciones a que tuvieran derecho, a cada persona juzgadora que concluya su cargo, máximo en la fecha en la que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección.

Los años de servicios prestados no son sólo los transcurridos mientras fungieron como titulares de órganos judiciales, sino desde que iniciaron su carrera judicial. Y eso no es una “indemnización”, es una “compensación” ante el atropello de su inamovilidad judicial y la inconstitucional remoción masiva a la que se les sometió.

Pero ese pago no es el único al que tienen derecho. En este país, al menos por lo que va del siglo, se ha reconocido en sede judicial que las personas juzgadoras tienen un derecho a remuneraciones adecuadas, irrenunciables, irreductibles, inherentes y proporcionales a los puestos que ocupan, como parte de la seguridad económica que deben tener asegurada en aras de su independencia judicial. Lo que a su vez es un derecho de todas las personas para obtener tutela judicial efectiva.

Esas remuneraciones deben pagarse, incluso si por efecto de la reforma judicial se han visto forzadas a concluir sus cargos, por todos los años que les quedaban en ellos. Sean pocos porque apenas habían conseguido su plaza y no se les había ratificado, caso en el que debían permanecer en funciones por los menos seis años; o sean muchos más años, porque ya ratificadas, les faltara bastante tiempo para llegar a la edad máxima en ejercicio del cargo. Éste es un costo más de la reforma.

Un costo que se multiplica porque desde el primero de septiembre que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección del domingo, ellas también adquirirán el derecho al pago de sus propias remuneraciones. Incluso si no pueden tomar posesión del cargo, como debiera suceder en cada caso en el que las personas juzgadoras a las que deban suplantar gocen de una suspensión firme en contra de su remoción. Lo cual está ajustado a los precedentes judiciales.

Por supuesto, el oficialismo puede emplear a las fuerzas armadas para remover de facto a las personas juzgadoras en funciones que cuenten con una suspensión de amparo, a fin de facilitar la llegada de las nuevas personas juzgadoras electas. De igual manera, el régimen puede retrasar el pago de la “compensación” prevista en el artículo décimo transitorio aludido, con el conocido truco de la desaparición del dinero correspondiente, al haberse destinado para implementar otros aspectos de la reforma judicial; destacadamente, la organización de la elección que simulamos.

Y ni hablar del pago completo de las remuneraciones al que tienen derecho, pues respecto de esa exigencia es de esperarse que simplemente la desconozcan. Pero ello no es obstáculo para que las personas juzgadoras removidas a la fuerza se organicen y demanden el pago de lo que les corresponde. No veo incongruencia en ello. No les podemos pedir que además de ver atropellados sus proyectos de vida y sus derechos, tengan que cubrir solitas las consecuencias de la reforma judicial.

De hecho, si se cuida bien la estrategia, la exigencia de ese pago deberá vincularse con la exigencia de invalidar la reforma judicial. De lograr esto, desaparecerá por consecuencia este costo que acarrea. Pero que nadie se extrañe, si no encuentran juzgados que les protejan, la exigencia la trasladarán a instancias internacionales. Y llegará el día en que el país deba asumir los costos, aunque los hayan provocado exclusivamente la clase gobernante que soportamos. Lo que también es costumbre.