La superioridad en materia de ciencia y tecnología es uno de los factores que ha contribuido a hacer de Estados Unidos la primera potencia del mundo. Dicha superioridad obedece, en gran medida, a la contribución que las universidades de investigación han dado al avance del conocimiento.

Sin embargo, tal contribución está bajo asalto por el gobierno de Donald Trump.

El gran salto adelante en materia de conocimiento científico ocurrió desde el siglo XIX, pero es en los años de la II Guerra Mundial cuando diversas circunstancias contribuyeron a la gran revolución científica y tecnológica que hoy se vive.

Diversos motivos lo hicieron posible. Se pueden citar el adelanto ya logrado en universidades de gran envergadura como Harvard, Columbia, Princeton o Berkeley; la llegada a Estados Uidos de científicos que huían de los avances del nazismo, Einstein es el caso más icónico; el apoyo de grupos empresariales que, por interés mutuo, financiaban actividades de investigación en las universidades.

Ahora bien, el motivo más importante fue la decisión tomada por el entonces director de la Oficina de Investigación Científica, Vannevar Bush, (muy cercano al presidente Roosevelt) quien forjó una alianza entre el gobierno federal y las universidades de investigación.

Dichas universidades recibieron desde entonces miles de millones de dólares al año para realizar trabajos de investigación que fueron el punto de partida para lograr avances sorprendentes en materia de salud, actividades productivas, capacidades creativas y, en general, de la civilización.   

Estados Unidos se convirtió desde entonces en el destino preferido de estudiantes de todo el mundo, deseosos de realizar sus estudios de posgrado en las universidades estadunidenses que recibieron con entusiasmo a “los mejores y los más brillantes”.

Un dato revelador se refiere a la cantidad de premios Nobel que provienen de las universidades de investigación y el número tan alto entre ellos de migrantes que decidieron quedarse a vivir en Estados Unidos. Señalamiento pertinente, ahora que el rechazo a los migrantes olvida las contribuciones positivas que han dado al progreso en Estados Unidos. 

La colaboración exitosa del gobierno con las universidades, nos dice el presidente de la Universidad de Princeton, en un espléndido ensayo aparecido  en The Atlantic, 19/03/2025, descansó en un “enorme respeto por la libertad académica”.

Durante cerca de 80 años las relaciones entre el gobierno federal y las universidades se mantuvo sin sobresaltos.

No obstante, la radicalización del Partido Republicano, a partir de la crisis económica de 2008-2009, fue acompañada de desconfianza hacia el pensamiento “izquierdista” que inevitablemente surgía entre estudiantes listos a cuestionar al poder cuándo lo consideran necesario.

Ese pensamiento crítico no coincidía con los prejuicios de toda índole que germinaban en las nuevas voces del Partido Republicano.

Los acontecimientos de 2024, cuando la guerra de Gaza desató protestas en numerosas universidades a través de todo Estados Unidos, hicieron surgir las profundas diferencias entre los grupos consolidados en torno a Trump  y las universidades.   

El caso de la universidad de Columbia ha sido el más visible, pero no el único. Trump ha anunciado que Columbia es sólo el comienzo.

La segunda llegada de Trump a la Casa Blanca, la agresividad de sus posiciones, su estilo autoritario, su desdén hacia los procedimientos legales existentes, el desconcierto generalizado que ha producido en el mundo es el contexto en que tiene lugar el ataque a las universidades.

Así, el gobierno decidió suspender los 400 mil millones de dólares que otorga a Columbia, comunicando a sus autoridades que tenían un plazo de ocho días para responder a los señalamientos sobre los cambios que deberán llevar a cabo para que se reanude la relación financiera.

Brevemente resumidos, dichos cambios se refieren, en primer lugar, al Departamento de Asuntos de Medio Oriente, África y Asia del sur. El mismo pasaría a ser dirigido, durante cinco años, por una comisión nombrada por el gobierno, con autoridad para decidir programas de estudio, procesos de admisión y sanciones a estudiantes.

También piden el reforzamiento de las medidas disciplinarias existentes decidiendo la expulsión definitiva o suspensión por varis años de quienes, de acuerdo con un grupo de carácter policial nombrado por el gobierno, lo merecen.

Solicitan elaborar un proyecto para determinar las políticas de admisión de estudiantes graduados y estudiantes extranjeros, de tal suerte que “vayan de acuerdo con las leyes y prácticas federales”.

Las autoridades de Columbia informaron dentro de los plazos fijados que aceptaban las peticiones a fin de iniciar pláticas que permitan reestablecer la relación financiera. Semejante decisión ha despertado sentimientos muy exaltados profusamente divulgados en las páginas de opinión de los principales diarios de Estados Unidos.  

“La capitulación de Columbia nos lastimará a todos”, titula un magnífico ensayo de Jonathan R. Cole en NYTimes/26/03/2025.

Se trata, sin duda, de un momento definitorio para el futuro de las universidades de investigación. Los recortes de presupuesto, aún si fueran momentáneos, pueden afectar de manera muy negativa proyectos en marcha.

Un laboratorio no puede suspender actividades un solo día sin dañar seriamente su trabajo. Los estudiantes, a quienes se les está negando acceso, que pueden ser muchos, buscarán otros caminos –China parece una buena opción– para absorber y después contribuir al conocimiento.

El ataque a las universidades no es un hecho aislado. Se inscribe en un contexto de dislocación de las instituciones políticas en Estados Unidos que no se había visto desde el siglo XIX.  

Las diferencias con el Poder Judicial y el imperio de la ley han sido notables; entre otros hechos al desaparecer, sin previos procedimientos legales, diversas dependencias del Ejecutivo, despedir a miles de empleados sin retribuciones a que tienen derecho, realizar deportaciones evidentemente ilegales.

Todo lo anterior ha producido fuertes controversias que probablemente lleguen a la Suprema Corte y de cuya solución depende el futuro de la democracia en Estados Unidos.

El momento es muy delicado y las preocupaciones aumentan en países que, como México y Canadá, son vecinos y principales socios comerciales de una gran potencia cuya pérdida de legitimidad es cada vez más evidente.