Ya se han implementado más de 100 sistemas de IA en el gobierno, incluyendo áreas tan sensibles como la justicia y la seguridad. Esto debería encender todas las alertas.

La labor de la judicatura electoral al enfrentarse a casos de esta complejidad y polémica nunca es sencilla. Sus determinaciones siempre deben velar por el desarrollo de las libertades y, en su caso, la justificación racional de sus límites.

Es claro que en este negocio participan autoridades y empresarios de Estados Unidos y México. No se puede entender sin la participación de funcionarios de ambos países, que forman parte de la maquinaria internacional del crimen organizado.