Cada peso que recibe un funcionario debe estar visible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Es claro que nuestro país atraviesa una coyuntura política particular en materia de transparencia y rendición de cuentas. Lo primero y más importante a decir ante este cambio de paradigma es que ninguna modificación institucional debe poner en riesgo los derechos de acceso a la información y a la protección de la privacidad.

El Estado mexicano está obligado a garantizar estos derechos, que son base de libertades sociales y de la democracia, así lo establece nuestra Constitución.

Esta nueva fase, donde el gobierno –principalmente a partir de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno– será quien garantice el derecho a saber y no ya organismos autónomos como el INAI y sus 32 pares en las entidades federativas, puede y debe aprovechar lo mucho que se ha construido desde por lo menos dos décadas.

Hablo, por ejemplo: del personal especializado, de las políticas públicas implementadas para impulsar la transparencia en todos los niveles de gobierno (también en partidos políticos, sindicatos, universidades públicas y en general toda autoridad que reciba recursos públicos), de la experiencia del Sistema Nacional de Transparencia, de las estrategias de promoción de los derechos entre grupos en situación de vulnerabilidad y de herramientas tecnológicas como la Plataforma Nacional de Transparencia.

Estas cuestiones, por mencionar sólo algunas, en las cuales me he involucrado con mucho compromiso y responsabilidad, pueden y deben ser aprovechadas para beneficio de los mexicanos.

Como Comisionada del INAI apelo a que en esta transición se privilegie la institucionalidad y la continuidad de factores cuyo impacto positivo en la sociedad está comprobado.

En este sentido, el 17 de diciembre último expuse en el Pleno del INAI un recurso que revela una vez más la importancia de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Les platico: una persona requirió a la Secretaría de Bienestar información sobre los salarios de sus funcionarios, especificando el monto por sueldos, bonos, aguinaldos y demás prestaciones o remuneraciones adicionales que perciban. Después de un análisis, percibimos que la respuesta de la autoridad no fue exhaustiva, pues si bien Bienestar informó sobre los bonos de sus trabajadores, omitió los datos de los aguinaldos.

La información está en la PNT; este caso demuestra que hacer un “borrón y cuenta nueva” sería realmente un error.

Gracias a la Plataforma Nacional de Transparencia las autoridades deben cargar trimestralmente su información para que la ciudadanía pueda consultarla de manera gratuita, anónima y desde cualquier momento o en cualquier lugar.

De hecho, el inicio de año es el momento de la carga de obligaciones del último trimestre de 2024, por lo cual deberemos estar atentos al cumplimiento de esta responsabilidad. Esta información incluye todos los ingresos de los funcionarios públicos.

Bienestar es la Secretaría federal que más recursos recibe, por ello es clave que los transparente con máximo rigor, esto incluye la administración de sus recursos humanos.

Para 2025 el recién aprobado Presupuesto de Egresos le otorga 579 mil 883 millones de pesos, un aumento de 35 mil 950 millones de pesos respecto de 2024 (una variación real de 2.3%).

 Debemos mantener y proteger a la Plataforma Nacional de Transparencia. De igual manera, hago un llamado para que, en la nueva etapa que viviremos, los mexicanos seamos contralores sociales para que México continúe en el camino hacia la transparencia y la rendición de cuentas.

X: @JulietDelrio