Mi voto fue en contra porque el proyecto no logró acreditar, con pruebas sólidas, la existencia de una práctica sistemática, generalizada o determinante para el resultado de la elección.

Estos cambios reflejan la intención de centralizar la rectoría del Estado en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, pero generan interrogantes sobre los contrapesos democráticos y la independencia regulatoria en un mercado donde confluyen intereses públicos y privados.

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