El nuevo esquema pasó de 13 a 17 causales, ampliando así los candados legales que pueden utilizar los sujetos obligados para negar información que debería estar disponible para toda la ciudadanía.

Su discurso de que todo cuanto hace es para favorecer al pueblo, contrasta con la realidad de una agenda que ha tenido por objeto concentrar el poder, restringir derechos y dificultar sus mecanismos de garantía, como el juicio de amparo.