CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La reforma a la Ley de Amparo planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum pone en riesgo tanto a la ciudadanía como a los propios jueces de amparo que deberán aplicarla, advirtió Miguel Bonilla, exmagistrado de Circuito. 

El también investigador de la Escuela Libre de Derecho (ELD) participó este jueves en una sesión de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), en la que analizó los cambios propuestos por la mandataria federal a la Ley de Amparo. 

El jurista destacó que la forma en que está redactada la iniciativa de reforma puede generar a los jueces de amparo problemas para interpretar qué preceptos o criterios aplicar en temas como la prisión preventiva oficiosa, la concesión de suspensiones, las recusaciones, entre otros. 

Y esto, indicó, tomando en consideración las facultades que se otorgaron en la reforma judicial de 2024 al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) también implica un riesgo para los juzgadores, tanto los de carrera judicial como los recién llegados por voto popular, de ser sometidos a procesos de investigación y sanción por el sentido de sus decisiones. 

“No hace falta ser un juez de los de antes, un juez de los de ahora, un juez como yo que renunció, lo que estoy diciendo es que, desde mi punto de vista, la redacción de los artículos que se proponen en la iniciativa presenta serios problemas para su aplicación práctica en un futuro”, dijo. 

Enfatizó en que, independientemente de los años de experiencia que tengan los jueces de amparo, si la reforma se aprueba como está, tendrán que ser mucho más cautelosos al momento de interpretar la ley y aplicarla. 

“Está el tema de que la interpretación que yo tenga por mi gran pericia o por mi poca pericia, pueda ser cuestionada por un Tribunal de Disciplina que en los términos en que están redactadas las normas que rigen su actuación pueden eventualmente decir ‘no me importa que seas un juez perito en Derecho, yo no comparto tu visión de la norma; no me importa que seas un juez de los nuevos de elección judicial, no comparto tu interpretación de la norma y pienso que eso va a desincentivar que los jueces ejerzan plenamente -los de antes, los de ahora y los de después-, sus poderes interpretativos. 

“En otras palabras, por su redacción la iniciativa, si se llega a aprobar va a obligar a que se piensen dos o tres veces las cosas antes de decidir un caso y eso a lo mejor, no es lo más deseable”, explicó. 

Añadió que, ante este panorama, la reforma parece estar más pensada para beneficiar a las autoridades que a la protección de los derechos humanos. 

Abundó en que los principales problemas estarán en la propuesta de que las suspensiones en casos de prisión preventiva oficiosa solo sean concedidas con efectos limitados, se contrapone con las jurisprudencias existentes que permiten que se conceda la medida para evitar la detención de la persona o incluso ordenar su libertad. 

Otro punto que el jurista destacó fue la adición de requisitos para acreditar que los actos reclamados pueden ocasionar daños de difícil reparación para obtener una suspensión pese a que ya existe un criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establece todo lo contrario. 

“Si la reforma trae disposiciones que incluso pueden ser tildadas de regresivas el juez no va a saber qué hacer o qué disposiciones aplicar”, añadió. 
Por ello, la presidenta de la BMA, Ana María Kudisch, indicó que la reforma es regresiva y abre la puerta a que los ciudadanos estén en incertidumbre jurídica. 

“Los jueces interpretarán de una manera, los abogados de otra y los justiciables quedarán sin rumbo, sin saber qué derechos les asisten y cuáles no”, alertó. 

Reprochó la falta de consulta a los especialistas, por lo que apuntó que el gremio buscará ser escuchado antes de que la reforma se apruebe.