CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese al despliegue del llamado Operativo Liberación en el Estado de México, que implicó la movilización de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina en zonas controladas por el crimen organizado, es posible que siga intacto el lavado de dinero a través del sector construcción en Valle de Bravo.

Durante el seminario virtual Retos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del organismo, señaló que la acción del Estado no puede limitarse a operativos puntuales o simbólicos, sino que debe incorporar mecanismos regulatorios, fiscales y legales de carácter permanente.

Y es que el narco no sólo lava dinero por medios financieros complejos, sino también mediante mecanismos visibles y cotidianos, siendo el sector construcción una actividad en donde se necesita más tiempo para limpiar.

De aquí destacan la compra masiva de cemento, grava, varilla, el movimiento de tierra, la facturación de mano de obra, los contratos con sindicatos, el uso de maquinaria pesada y las cadenas de proveeduría ligadas a la obra pública y privada.

Esta simulación, dijo, no sólo enmascara el origen ilícito de los recursos, sino que también compromete involuntariamente a ciudadanos, desarrolladores y empresas, quienes, al contratar servicios aparentemente legales pero controlados por estructuras criminales, podrían ser señalados por autoridades internacionales, como el gobierno de Estados Unidos, como cómplices materiales de organizaciones terroristas.

“El gobierno tiene que estar actuando proactivamente, porque ponte a pensar que si tú quieres construir tu casa de verano y estás utilizando la compañía de transporte de materiales operada por el cártel, que está designado como organización terrorista, tú ya le estás dando apoyo material al cártel por esa vía. Tú también puedes estar en riesgo como individuo”, explicó.

Un narcolavado visible: así opera la Nueva Familia Michoacana

Herrera explicó que en Valle de Bravo opera un mecanismo en el que todos los constructores, arquitectos y propietarios que quieren levantar inmuebles en la zona son obligados a contratar a una sola compañía de transporte de materiales, la cual está controlada por un sindicato que, a su vez, responde a la Nueva Familia Michoacana.

“Este destino de casas de verano que está a hora y media de la Ciudad de México es muy bonito, pero desde hace años ha estado tomado por uno de los cárteles que está designado como organización terrorista”, dijo.

El especialista subrayó que esta situación no es nueva para los habitantes ni para las autoridades.

“Todo mundo conocía que esto existía en Valle de Bravo (...) Hoy, por primera vez en 5 años que está este problema ya vigente, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina ya fueron a cerrar estos negocios y cuál fue la reacción, bloqueos con los camiones”, dijo.

En el primer bimestre de 2025 el gobierno de Estados Unidos clasificó como organizaciones terroristas al Cártel Jalisco Nueva Generación, al Cártel de Sinaloa, al Cártel del Golfo, a la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Noroeste y a los llamados Cárteles Unidos.

El control del narco en el sector de la construcción en México

De acuerdo con información a la que tuvo acceso Proceso y publicó en el reportaje Extorsiones del narco y aranceles de Trump, el nuevo orden de la construcción en México, el dominio del crimen organizado sobre la construcción en el Estado de México se consolidó desde 2020, cuando se identificaron tres esquemas bien definidos de dominio.

El primero, el más extendido, es el cobro de cuotas. El segundo mecanismo es el robo o la quema de unidades y, el tercero, el más sofisticado, es la centralización de materiales.