CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, se quedó solo con su propuesta de adelantar el debate sobre si la actual conformación del Máximo Tribunal puede revisar sentencias emitidas por las extintas Salas.

Durante la sesión de este jueves, Aguilar Ortiz presentó un proyecto de resolución para confirmar el amparo que en enero de 2024 declaró inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2021, pero cuyo estudio podía dejar abierta la posibilidad a que las resoluciones emitidas por la Corte sean sometidas a una segunda revisión.

Esto, debido a que Hugo Aguilar propuso entrar al estudio de un recurso de reclamación tramitado por el Poder Ejecutivo federal en contra de la decisión del ahora ministro en retiro, Alberto Pérez Dayán de emitir un voto de calidad para romper un empate en la discusión del amparo contra la LIE y que concluyó que, en enero de 2024, la Segunda Sala concediera la protección a seis empresas del sector eléctrico contra diversos artículos que consideraron que favorecían a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y no permitían la libre competencia y desarrollo de energías sustentables.

Los artículos fueron declarados inconstitucionales con efectos generales, es decir, para que no fueran aplicados a ningún participante del sector eléctrico, incluidos quienes no tramitaron el amparo.

En su propuesta, Hugo Aguilar Ortiz consideró que la decisión de emitir el voto de calidad era una cuestión de trámite y que Pérez Dayán la tomó de manera ilegal porque, a consideración del presidente de la Corte, el hoy ministro en retiro debió mandar llamar a uno de los integrantes de la Primera Sala para romper el empate que se registró en la votación del asunto.

Sin embargo, los otros ocho ministros integrantes del Pleno no apoyaron la propuesta de que la Corte pueda entrar al estudio del recurso planteado por la Presidencia de la República y los criterios se dividieron entre quienes consideraron el asunto improcedente y quienes dijeron que debía declararse sin materia.

“Estoy preocupado que hubiera algunas fracciones, algún apartado del sistema jurídico del país que no pueda ser revisable, que se convierta, no, en una decisión discrecional, sino arbitraria y que entonces no podamos decir nada (…) se puede en uso de determinadas instituciones, figuras jurídicas, pues que quede al arbitrio de la autoridad, en este caso, del Presidente de la Corte o el Presidente de las Salas”, insistió Aguilar Ortiz en un último intento de convencer a sus compañeros de que sí podían revisar el caso.

Sin embargo, no tuvo éxito y seis de los ministros pidieron declarar improcedente el recurso y desecharlo, lo que implica una declaratoria de que no es posible hacer una revisión como la que planteó el Ejecutivo federal; mientras que tres: Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y el propio Aguilar Ortiz -de manera obligada-, votaron por declarar sin materia el recurso bajo el argumento de que a estas alturas en que la sentencia de amparo ya quedó cumplida y la LIE terminó siendo abrogada, un pronunciamiento de la Corte no tiene ningún fin práctico. 

En consecuencia, el caso fue declarado improcedente, el proyecto de Aguilar Ortiz rechazado y la sentencia emitida por la extinta Segunda Sala de la Corte quedó intocada.