VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) solicitará penas de hasta 50 años de prisión contra los cuatro policías procesados por el homicidio del estudiante universitario Rodrigo Isidro Ricárdez, cuyo caso derivó además en una investigación por presunto encubrimiento que alcanzó a mandos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). 

El fiscal general, Óscar Tonathiu Vázquez Landeros, informó este lunes que las investigaciones no han concluido, y advirtió que podrían surgir nuevas responsabilidades penales por acción u omisión de otros servidores públicos relacionados con los hechos ocurridos en noviembre pasado. 

En conferencia de prensa, el funcionario reveló que recientemente fue abierta una nueva carpeta de investigación en la que fueron citados a comparecer tres elementos de la corporación, entre ellos un mando policiaco que falleció días atrás dentro de las instalaciones de la SSPC tras recibir un disparo de arma de fuego. 

Se trata de Eduardo “N”, director de las Fuerzas Estatales de Apoyo, cuya muerte fue reportada inicialmente como un suicidio. El fiscal precisó que el jefe policiaco era investigado por presunto encubrimiento dentro del caso Rodrigo Isidro, aunque aclaró que no existía orden de aprehensión en su contra. 

Vázquez Landeros indicó que también se mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte del mando y determinar si efectivamente se trató de un suicidio. 

El caso Rodrigo Isidro se convirtió en uno de los episodios de mayor indignación social en Tabasco.          

El joven, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), murió el 14 de noviembre de 2025 luego de que policías estatales dispararan contra el vehículo que conducía tras una persecución iniciada en un retén instalado en Villahermosa. 

De acuerdo con la investigación ministerial, el universitario recibió impactos de bala que le provocaron heridas mortales antes de que su unidad terminara estrellándose contra un poste. 

La FGE sostiene que existen elementos suficientes para buscar una condena máxima de medio siglo de cárcel contra los cuatro agentes actualmente sujetos a proceso por homicidio. 

Sobre una posible responsabilidad de mandos superiores, incluido el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Serafín Tadeo Lazcano, el fiscal respondió que las investigaciones continúan y que no habrá excepciones para ningún servidor público. 

“La investigación llegará hasta las últimas consecuencias”, afirmó. 

En la presentación de los avances participaron también el director general de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Jesús Solís Justo, y el fiscal especializado en Homicidios Dolosos, Ramsés Obed Rodríguez Corona, quienes expusieron detalles técnicos de las indagatorias y la reconstrucción de los hechos.