LEÓN, Gto. (apro).- En lo que va del año, las autoridades de Guanajuato han clausurado 14 pozos de agua ubicados en predios agrícolas que eran utilizados como fosas clandestinas. Los pozos se encuentran en municipios de la zona Laja-Bajío, principalmente en municipios como Juventino Rosas y Villagrán.  

El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, reveló que han tenido que descender hasta 400 metros para poder recuperar los cuerpos o restos humanos; además, con la nueva modalidad de fosas al interior de pozos, la Comisión Estatal de Búsqueda adquirió maquinaria para poder hacer los trabajos.  

"Hemos encontrado intentos de sabotaje, por ejemplo, ponen tapones de material orgánico como la paja o el rastrojo para hacer tapones y que la cámara no logre entrar. Se han hecho esfuerzos para superar esas adversidades, y una vez que se logra encontrar y se tiene la certeza de que el lugar está limpio, el pozo es clausurado", explicó el funcionario estatal.  

Uno de los casos más emblemáticos de pozo de agua utilizado como fosa clandestina fue en la comunidad Franco de Tavera, en el municipio de Juventino Rosas, en abril pasado, de donde se exhumaron los restos de 37 personas. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, han sido identificadas 28 personas.  

Jorge Jiménez Lona reconoció que Guanajuato es uno de los estados con más pozos a nivel nacional que son utilizados como fosas clandestinas.  

Dijo que, hasta el momento, no se ha aplicado la extinción de dominio para recuperar los pozos que están en desuso, pero ya pidieron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el listado de las personas que están a cargo de esos pozos, aunque no se puede descartar que los propietarios sean amenazados para obligarlos a usar sus pozos como fosas.  

"Ha habido casos (de amenazas), hay de todo, ha habido casos de todo. Lo que yo te puedo decir es que hoy las búsquedas no se detienen, hoy las búsquedas se hacen en los lugares más complejos, más difíciles pero que tenemos el equipo para poderlas hacer", sostuvo el secretario de Gobierno. 

Jorge Jiménez consideró que más que un castigo de los grupos criminales, es un mecanismo que utilizan para dificultar los trabajos de las familias y de las autoridades para localizar a las víctimas.