CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió a las autoridades de Nuevo León investigar a su gobernador, Samuel García Sepúlveda, por presuntos actos de corrupción.  

En un comunicado, el legislador morenista destacó que, recientemente, la Comisión Anticorrupción de Nuevo León reactivó dos juicios políticos contra Samuel García por presuntas violaciones a la ley electoral.  

Además, Ramírez Cuéllar recordó que el gobernador de Nuevo León enfrenta investigaciones y denuncias relacionadas con presuntos delitos financieros y desvío de recursos públicos.  

“Las acusaciones contra Samuel García han destapado la posibilidad de un juicio político, lo que podría desembocar en su desafuero y eventual destitución del cargo, además de algunos procesos penales en su contra. Está en marcha una investigación relacionada con el negocio del huachicol y facturación falsa, en la que se muestra una relación con familiares directos del gobernador”, dijo Ramírez Cuéllar.  

De acuerdo con algunas investigaciones, el gobernador habría facilitado triangulaciones de recursos públicos para beneficiar a su despacho personal, “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, resaltó.  

En el comunicado, el diputado morenista detalló que los indicios señalan que el esquema funciona mediante una primera transferencia de recursos públicos a un proveedor, en este caso, de la Secretaría de Finanzas y Tesorería de Nuevo León a la empresa “Suministro MYR”. Ésta, de manera inmediata, habría hecho una transferencia a su empresa hermana, “Proveedor de productos mexicanos JACE”. Finalmente, JACE habría remitido recursos al despacho mencionado, propiedad del mandatario estatal y su padre.  

También señaló que, por otro lado, algunas fuentes señalan que el despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados” habría destinado más de 81 millones de pesos a la campaña en redes sociales de Samuel García, mediante la intermediación de la empresa “Nauka Comunicación Estratégica”, proveedora también del gobierno estatal.    

Además, resaltó que la reciente detención del empresario Jesús Ricardo Puente, que tiene indicios de pertenecer a una red de “petrofactureros”, relacionados con el padre y medio hermano del gobernador de Nuevo León:  

“Desde luego, una relación de colaboración no puede calificarse en automático de ilegal; sin embargo, las posiciones de poder y privilegio de unos cuantos facilitan el enriquecimiento ilícito y actos de influyentismo y corrupción, por lo que deben ser investigadas a fondo”, expresó.  

Por lo que subrayó que es fundamental que tanto la Fiscalía local como el Congreso de Nuevo León lleven a cabo sus respectivos procesos de investigaciones contra Samuel García, que ya son varios señalamientos.   

Para finalizar, recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) también podría citar a declarar el gobernador ante los posibles casos de delitos federales, como el lavado de dinero o la facturación falsa.   

“Por ello es indispensable utilizar todas las capacidades institucionales para actuar contra este tipo de delitos, especialmente si políticos de alto nivel o empresarios se encuentran implicados. Aquellos que juraron respetar la Constitución y las leyes deben enfrentar todo el peso de la ley en caso de que se compruebe su participación en actos de corrupción”, señaló.