ENSENADA, Baja California (apro).- Gabriela Ponce Rodríguez, empresaria del municipio de Mexicali, denunció amenazas de muerte para ella y su hijo, además de que le quemarían el negocio, en caso de negarse a pagar el llamado “cobro de piso” (extorsión) presuntamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en Baja California.

La propietaria del negocio “Bazar Gaby”, ubicada en dicha ciudad fronteriza, lo dio a conocer mediante una transmisión en vivo realizada el viernes 1 de mayo en la cuenta oficial del negocio, en el que también aseguró que marcó en tres ocasiones el botón público de emergencia para llamar a la policía municipal, pero los agentes nunca llegaron.

Explicó que un sujeto a bordo de una motocicleta acudió al negocio ubicado en la Calzada Héctor Terán Terán, en la capital bajacaliforniana, y le entregó una caja y una nota donde aparecían las amenazas y cómo contactar para el pago.

“Hoy llegaron del Cártel Jalisco Nueva Generación a pedirnos dinero. Llegó una persona en moto con un casco, con esta caja, y envuelta en ella un mensaje que dice lo siguiente: ‘Comunícate o vamos a quemar tu negocio, y a matarte a ti, y a tu hijo. Ya sé que estás ubicada en Venecia. Atentamente Cártel Jalisco’, y un número de teléfono”, dijo, al tiempo de referir que cerrará el negocio y mostrarse temerosa de volverse “un número rojo”.

“Sé que voy a ser un ‘número rojo’. A partir de hoy mis hijos no viven conmigo y tienen prohibido visitarme. A partir de hoy voy a andar, como tanta gente que va a ser un ‘número rojo’ porque no tengo para darles y sé que me van a matar, pero lo siento mucho. Yo ya no puedo pagarles, no puedo, no me alcanza. Aquí no sobra. Todo se queda aquí, si lo van a quemar, pues ni modo”, expresó en su testimonial.

Durante el video de poco más de 39 minutos de duración, Ponce Rodríguez compartió que en seis años del negocio enfrentó diferentes tipos de amenazas, pero esta es la más fuerte, además de referir que vivió en el extranjero y este tipo de cosas comenzaron a ocurrirle cuando regresó a México.

Del agresor, detalló que evadió a los guardias y se metió por la parte trasera, gritó su nombre, pero al no encontrarle dejó la caja con la hoja.

“Lo peor es que voy a acabar muerta porque no tengo para pagar… No le hallo salida porque es la salida que he visto en todos: fulanito, empresario, lo mataron; perenganito, empresario, lo mataron… y así vamos a acabar en este bazar. Me van a matar”, reiteró en diferentes ocasiones.

Destacó que un par de agentes policiales llegaron a mitad de la transmisión, para tomarle los datos.

“Con la policía municipal: tocamos el botón rojo y no acudió… aplastamos el botón rojo ya tres veces y nadie vino”, aseguró como parte de su mensaje.

Reacción IP de BC; gobierno estatal justifica su “estrategia”

Tras difundirse el caso, en el que se pidió actuar a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, a la alcaldesa Mexicali, Norma Bustamante, y demás autoridades de seguridad, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California exigió este sábado 2 de mayo un programa efectivo de combate a la extorsión al gobierno estatal y a la Fiscalía del Estado de Baja California (FGE).

En un posicionamiento firmado por Octavio Sandoval López, presidente del organismo, fue señalado que el llamado “cobro de piso” es “uno de los delitos que más ha crecido en Baja California en los últimos 10 años”, según sus propias encuetas con el sector empresarial.

“Pero no solo ha crecido el delito, también es uno de los delitos que presentan el mayor grado de impunidad. La extorsión se presenta en dos modalidades, la extorsión telefónica que sufren no solo los ciudadanos sino también el sector empresarial y la extorsión presencial”, acusaron, al tiempo de referir que esta última “es la más grave” pues implica comunicación directa entre la víctima y el delincuente.

“El presunto delincuente, tiene el descaro y se exhibe, dejando evidencia de sus delitos, sabiendo que la impunidad será su mejor aliado para repetir sus delitos y lograr sus objetivos”, remarcaron a pesar de que se cuente con cámaras de seguridad.

Por su parte, la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda divulgó también este día un comunicado para asegurar que “se mantiene vigente” la Estrategia Estatal contra la Extorsión.

“Desde su implementación, esta estrategia ha priorizado la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General del Estado (FGE), permitiendo la desarticulación de 28 células delictivas y la detención de 77 personas vinculadas a este ilícito, mediante labores de inteligencia, operativos focalizados y atención directa a víctimas”, aseguraron.

Sobre el caso del Bazar Gaby, las autoridades afirmaron que “se activaron los protocolos de atención” y brindaron acompañamiento por parte de la FGE, patrullajes preventivos en la zona y seguimiento mediante el Centro Antiextorsión.