CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La periodista Marcela de Jesús Natalia presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya, en los Países Bajos, una denuncia penal contra el Estado mexicano y el grupo criminal Los Ardillos por los asesinatos y desplazamiento forzado generado en la montaña baja del estado de Guerrero. 

Marcela de Jesús es periodista, locutora y defensora de derechos humanos oriunda del municipio amuzgo de Xochistlahuaca, en la Costa Chica de Guerrero. 

La periodista sobrevivió a un atentado cuando salía de su noticiero en la estación de Radio y Televisión de Guerrero (RTG) en la cabecera municipal de Ometepec, en la misma región. Habían pasado algunos minutos después de las 9 de la mañana del 3 de junio de 2017 cuando fue baleada por un hombre. 

Desde el intento de homicidio en su contra, la periodista fue desplazada de manera forzada de su entidad. Lleva 9 años desterrada. 

De Jesús González presentó el 26 de mayo una denuncia penal en la sede de la CPI, en la Haya, por crímenes de lesa humanidad / traslado forzoso de la población. 

De acuerdo a una copia del documento en poder de este medio, el presunto delito ocurrió en comunidades indígenas de la Montaña baja de Guerrero y como responsables apunta a “personas que integran el grupo criminal identificado como Los Ardillos”, a la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda, autoridades municipales y otros. La presidenta del municipio de Chilapa de Álvarez, es Mercedes Carballo Chino, de acuerdo a la página web del gobierno municipal. 

La denuncia fue presentada ante Karim Ahmad Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. 

“Por medio del presente escrito se solicita a la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional la apertura de un examen preliminar respecto a los hechos ocurridos en la región conocida como Montaña Baja del Estado de Guerrero, México. 

“Particularmente en comunidades indígenas del municipio de Chilapa de Álvarez y zonas aledañas, consistentes en ataques sistemáticos y generalizados contra población civil indígena, desplazamiento forzado, asesinatos, amenazas, desaparición, persecución y otras conductas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad en términos de los numerales 7 y 15 del Estatuto de Roma. 

Según el escrito la demanda satisface los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 17 del Estatuto de Roma, particularmente en relación con la falta de disposición genuina del Estado mexicano para llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos efectivos respecto de los hechos denunciados. 

El artículo 17, numeral 1, inciso a), del Estatuto de Roma establece que un asunto será admisible únicamente cuando: 

“El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicción sobre él, a menos que este no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo”. 

Durante un video para dar a conocer el documento, la locutora denunció que en Guerrero hay pueblos fantasmas, familias desplazadas, jóvenes obligados a matar o morir, madres buscando a sus desaparecidos y comunidades enteras viviendo bajo amenaza. 

Señaló que el gobierno del estado comparte la responsabilidad de cada muerte, desaparición y núcleo familiar fracturado al mantener nexos o permitir el libre actuar de las células delictivas en el territorio. 

“No vengo a denunciar, vengo a pedirle al mundo que deje de ser espectados de nuestro dolor. Nos están arrebatando la paz, la memoria y la vida, pero nuestro pueblo sigue resistiendo”, expresó en la transmisión. 

La intención de acudir a una corte internacional, agregó, es para pedir la intervención de la comunidad global para frenar la crisis de derechos humanos que se vive en el estado de Guerrero, en el pacífico de México. 

El Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), perteneciente al Congreso Nacional Indígena, denunció que durante el 6 al 11 de mayo al menos cuatro comunidades pertenecientes al territorio comunitario fueron atacadas con armas de alto poder y bombas lo que provocó al menos seis personas muertas, seis heridos y unas 2 mil personas nahuas desplazadas de sus comunidades en el municipio de Chilapa de Álvarez, ubicado en la región Centro de la entidad y colindante con la región Montaña.