MORELIA, Mich. (apro).- Habitantes de la comunidad de Arantepacua, del municipio de Nahuatzen, se movilizaron este lunes en Morelia para exigir se cumplimente la orden de aprehensión contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo. Durante la protesta quemaron vehículos, irrumpieron en oficinas de la Fiscalía General del Estado e hicieron uso de una patrulla de la Guardia Civil. 

La movilización de los comuneros arrancó frente a las oficinas centrales de la Fiscalía Estatal, en donde bloquearon el periférico Paseo de la República prendiendo fuego a un camión repartidor de agua. En su marcha por la avenida Siervo de la Nación, incendiaron la caseta de vigilancia de las instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado, rompieron cristales en el edificio de la delegación estatal del Infonavit, e irrumpieron en el inmueble que alberga la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de donde extrajeron archivos con papeles que dispersaron en la calle. 

Los comuneros advirtieron que seguirán los pasos del Poder Judicial, de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública, todos del estado, para que se capture y enjuicie a los responsables de la represión a Arantepacua ocurrida el cinco de abril de 2017, en la que cuatro comuneros –incluido un menor de edad que iba saliendo de la escuela- fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. 

Hasta el momento son sólo dos los nombres hechos públicos por la Fiscalía General del Estado de los 16 sobre los que se ha emitido orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los hechos: el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, y quien fuera secretario de seguridad en esos momentos, Juan Bernardo Corona Martínez. 

Enrique Guerrero, de Xuma, Centro de Defensa y Justicia Social, que da asesoramiento legal a la comunidad de Arantepacua, a pregunta expresa si entre los nombres restantes se encuentra el de Adrián López Solís, quien fungía como secretario de Gobierno cuando ocurrieron los hechos, se abstuvo de confirmar o negar tal situación: “como asesor jurídico evidentemente conozco los detalles, pero por el sigilo de la investigación y por una cuestión legal, jurídica y ética, no puedo dar más detalles. En su momento los conocerán”. 

Informó que buscarán en coordinación con autoridades estatales y federales llevar este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que el gobierno del Silvano Aureoles Conejo sea enjuiciado. Mañana martes se prevé una reunión entre Enrique Guerrero y funcionario estatales para tratar el asunto. 

“Generalmente se ha hablado del principio de convencionalidad solamente para garantizar derechos, lo más normal: los derechos que nos da la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los que nos da el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etcétera. Pero también hay delitos en convenciones internacionales y esos también le atribuyen al Estado mexicano obligaciones, dada la reforma de 2011 al artículo 133 constitucional. 

“Si un delito internacional, como los que cometió Silvano, un ataque sistemático contra la comunidad, es penado por un organismo internacional, entonces aquí se tiene que hacer un desglose hacia las competencias federales para que representen al Estado mexicano contra Silvano Aureoles y su gobierno en una instancia internacional, en la Corte Penal. Entonces, ese es el planteamiento que se explorará en la reunión de mañana”, explicó el abogado.