CIUDAD DE MÉXICO (apro).- César Jáuregui presentó su renuncia irrevocable como titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua tras la polémica desatada por la presencia de agentes de la CIA en un operativo de seguridad en la entidad.

Jáuregui reconoció que hubo “omisiones tanto en la información como en la gestión institucional” en el caso que desató una controversia con el gobierno federal, debido a la muerte de dos agentes estadunidenses en un presunto accidente vehicular el 19 de abril, junto con jefes policiacos estatales que un día antes habían desmantelado un laboratorio de drogas sintéticas.

Previamente al anuncio de Jáuregui, la titular de la Unidad Especializada para investigar los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril, Wendy Paola Chávez Villanueva, emitió un informe en el que indicó que la inclusión de personas extranjeras en el convoy que participó en el operativo no fue reportada a los mandos superiores.

“Su participación se mantuvo limitada, reservada y sin interacción operativa directa, salvo con el director y su círculo inmediato de seguridad personal”, detalló la funcionaria.

Sin embargo, desde el día que surgió la controversia, el propio fiscal Jáuregui había informado que los agentes estadunidenses fallecidos el domingo 19 de abril en un presunto accidente –a quienes en un principio se identificó como trabajadores de la Embajada de EU en México– realizaban labores de entrenamiento. Luego dijo que habían pedido un aventón para ser trasladados.

“La información con la que contamos inicialmente y que compartí con la opinión pública era inconsistente y ameritaba una investigación para conocer en detalle su participación”, reconoció Jáuregui.

La omisión que señaló “vulneró los mecanismos de control y comunicación que como titular de la Fiscalía tenía la obligación de asegurar en su funcionamiento eficaz”, dijo el ahora exfuncionario.

“Reconozco esta responsabilidad política en el ámbito del liderazgo institucional y la necesidad de corregirla”, dijo Jáuregui en conferencia de prensa, al poner a disposición su cargo para que las investigaciones de desarrollen con autonomía.

El caso provocó cuestionamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien advirtió que los estados de la república no pueden hacer tratos directos con gobiernos extranjeros en materia de seguridad y que no estaba permitida la participación de agentes de otros países en operaciones en tierra.

Incluso este lunes la mandataria se refirió a la creación de una comisión investigadora de este caso, anunciada por la gobernadora Maru Campos. “Fue la Fiscalía del estado o fue el secretario de seguridad, no hay muchas más opciones”, dijo.

El informe previo

En un informe previo, Chávez Villanueva abundó sobre los hechos ocurridos entre el 17 y 19 de abril, relacionados con el desmantelamiento de un laboratorio de metanfetaminas y drogas sintéticas en el municipio de Morelos, Chihuahua.

indicó que desde que se tuvo conocimiento de los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las carpetas de investigación correspondientes y atendió todos los requerimientos de información formulados por la Fiscalía General de la República (FGR).

En ese contexto destacó que:

• Las personas no pertenecientes a la Agencia Estatal de Investigación (AEI) no formaban parte formal del despliegue operativo institucional.
• La inclusión de las personas extranjeras en el convoy no fue reportada a los mandos superiores.
• Su participación se mantuvo limitada, reservada y sin interacción operativa directa, salvo con el director y su círculo inmediato de seguridad personal.
• Estas personas NO portaban armas de fuego ni insignias oficiales de ninguna institución; vestían ropa civil y mantuvieron el rostro cubierto la mayor parte del tiempo.
• Existen elementos que sugieren una posible colaboración de carácter extraoficial, cuya naturaleza deberá determinarse con mayor precisión en las siguientes etapas de la investigación.

La carta de renuncia

Este es el texto enviado a la gobernadora Maru Campos leído por César Jáuregui en conferencia de prensa.

“En ejercicio del deber de responsabilidad que impone el servicio público y con pleno respeto a la transparencia que la ciudadanía demanda, presento mi renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General del Estado.

“Mi actuación y la de esta institución han tenido como norte la protección de la sociedad y la acción con toda la fuerza del Estado, para enfrentar al crimen organizado. Es una labor que realizamos cientos de funcionarios de esta Fiscalía con enorme compromiso y muchas veces arriesgando nuestras vidas.

“Dicho compromiso exige, además de valor y convicción, el estricto respeto a la legalidad, a la soberanía y a los protocolos de colaboración internacional. En ese equilibrio se fundan las decisiones que hemos tomado y las facultades que debemos ejercer para garantizar la seguridad y la justicia.

“Es mi deber reconocer que, respecto a los hechos que han trascendido en torno a la presencia de personas que se identificaron como presuntos funcionarios extranjeros, la información con la que contamos inicialmente y que compartí con la opinión pública era inconsistente y ameritaba una investigación para conocer en detalle su participación.

“Con base en el curso de las investigaciones internas realizadas hasta ahora, resulta procedente señalar que hubo omisiones tanto en la información como en la gestión institucional respecto de los puntos de contacto con dichas personas. Esa omisión vulneró los mecanismos de control y comunicación que, como titular de la Fiscalía General del Estado, tenía la obligación de asegurar en su funcionamiento eficaz. Reconozco esta responsabilidad política en el ámbito del liderazgo institucional y la necesidad de corregirla.

“Desafortunadamente, estos hechos han eclipsado un logro de la mayor relevancia: la destrucción de uno de los laboratorios de drogas más grandes en la historia de nuestro país; una acción que representa un golpe mayor a las capacidades del crimen organizado.

“Sin embargo, la exigencia de resultados en la lucha contra el crimen organizado no puede ni debe justificar actuaciones que no guarden estricto apego a la ley. Por congruencia con mi trayectoria y mis convicciones, entiendo que la medida más adecuada para corregir esta situación es poner a disposición mi cargo, para permitir que las investigaciones se desarrollen con autonomía, prontitud y exhaustividad, y para restablecer la confianza pública.

“Lo más importante es evitar que este caso afecte el esfuerzo institucional y de coordinación que se ha venido desplegando durante estos años en Chihuahua, para atender la mayor de las exigencias de los chihuahuenses: cerrar el paso a los enemigos de la paz y la estabilidad de nuestro Estado.

“Confío en que esta decisión contribuya a reforzar la disciplina institucional, a mejorar los controles internos y a preservar la integridad de las operaciones legítimas en la lucha contra la delincuencia organizada.

“Agradezco la oportunidad de haber servido a las y los chihuahuenses y reitero mi convicción de que la protección de la sociedad debe ejercerse siempre bajo el cauce de la ley”, concluyó Jáuregui.