PUEBLA, Pue. (apro).- La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) advirtió que el caso del Colegio Carrusel Magone A.C., donde madres y padres de familia descubrieron un “cuarto oscuro” que era usado para castigo físicos contra niños por supuesto “mal comportamiento”, no es caso aislado y evidencia omisiones por parte de la Secretaría de Educación Pública estatal y federal.   

“El caso del Colegio Carrusel Magone reitera un conjunto de omisiones asociadas con la detección oportuna y preventiva de condiciones físicas en las escuelas”, manifiesta la organización. 

La semana pasada, padres y madres de familia de esa institución, ubicada en la junta auxiliar Romero Vargas de esta capital, detectaron junto a personal de supervisión de la SEP Puebla, un “cuarto oscuro” conectado con el salón de música del plantel escolar, equipado con una cama, y el cual a su vez tenía acceso a una vivienda donde residen familiares de la directora. 

“De acuerdo con la información pública hasta el momento, en ese espacio, niños recibían castigos físicos por “mal comportamiento” e ingresaban de manera constante hombres ajenos a la institución”, refiere la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia. 

Indica que la SEP tiene la obligación de detectar zonas de riesgo inminente para la violencia sexual de las niñas y niños al interior de espacios escolares 

También, recuerda que en 2021 la ODI documentó en el informe “Es un secreto”, cómo se usó la infraestructura educativa en colegios de nivel preescolar para violentar; tales como: casas habitaciones al interior de escuelas, bodegas o salones con nula visibilidad. 

Y alerta que estos espacios representan “zonas de riesgo inminente que exponen a las niñas y niños a diversos tipos de violencia, incluida la violencia sexual”. 

En el caso de Puebla, indica que el “Protocolo para la detección, prevención y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación inicial y básica” señala la obligación que tienen personal de dirección y subdirección administrativa de realizar una observación activa y detección de factores de riesgo en los planteles escolares. 

De la misma forma, la SEP federal está obligada a garantizar espacios seguros para que todas las niñas, niños y adolescentes del país a fin de que puedan cursar sus estudios libres de agresiones, a través de adecuadas políticas de contratación, supervisión y vigilancia de lo que ocurre en los centros escolares. 

Lo anterior, agrega, le ha sido señalado a la SEP como parte de sentencias emitidas en 2022 por los Juzgados Décimo y Decimotercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, en las causas penales 91/2024 y 5/2024 respectivamente, en las cuales se la ha ordenado a la dependencia a ofrecer disculpa pública a niñas y niños sobrevivientes de violencia sexual en 2011, con lo que, hasta ahora, la SEP no se ha cumplido. 

Añade que el caso de colegio Carrusel Magone confirma la omisión cometida por la SEP sobre sus obligaciones para la no repetición de casos como ese. 

De la misma forma, apunta sigue sin cumplirse el compromiso que adquirió desde el 28 de agosto de 2025, el secretario Mario Delgado Carrillo, sobre la detección y remoción de casas habitación existentes al interior de planteles educativos a nivel nacional, así como la garantía de espacios escolares seguros, incluyendo la separación de los baños para el alumnado y para el personal educativo. 

La ODI insta a la SEP federal y estatales a considerar recorridos de seguridad para conocer las instalaciones de los planteles educativos como parte del marco de la “Jornada de Concientización sobre la gravedad del abuso y maltrato infantil". 

En tanto que a las autoridades educativas y ministeriales involucradas en la investigación del caso del Colegio Carrusel Magone A.C., les pide cumplir con estándares de protección, investigación y acceso a la justicia de niñas y niños, priorizando salvaguardar su integridad y no revictimización. 

También, a cumplir con las normas generales y estatales para la prevención y atención de hechos de violencia sexual en entornos escolares y a investigar si existió incumplimiento de los Protocolos y determinar responsabilidades.