HIDALGO (apro) .- Un día después de que la Fundación Arturo Herrera Cabañas alertara sobre el intento por parte del gobierno de Hidalgo de desalojarlos de la sede que han ocupado por 26 años, un edificio en el Centro Histórico de Pachuca, la administración del morenista Julio Menchaca Salazar confirmó que les retirará la posesión del inmueble, lo cual denominó un acto de "recuperación". 

Artistas visuales y gráficos, pintores, escultores, activistas, organizaciones de la sociedad civil, escritores y miembros de la comunidad artística y cultural del estado se pronunciaron en contra de la posible acción gubernamental, después de que la Fundación informara que el móvil por el cual se pretendía la desocupación de las instalaciones, un inmueble en comodato, es un señalamiento sobre supuesto “lucro”, porque se instaló una barra de café para financiar actividades, y que ante ello había promovido un amparo. 

Este día, el Poder Ejecutivo emitió un posicionamiento en el que reconoció que retirará la posesión del inmueble, lo cual, dijo, "no constituye un desalojo, sino la recuperación legal e institucional de un espacio que debe responder al interés público y al derecho de la sociedad a la cultura"; con ello, sugirió que actualmente no lo hacía, pese al posicionamiento de la comunidad cultural. 

Argumentó que "la legislación federal y estatal en esta materia establece que dicha obligación es de orden público e interés social y que el Estado debe garantizar el acceso de las personas a los bienes y servicios culturales, por encima del interés de una asociación privada". 

En oposición a la medida, miembros de la comunidad artística y cultural, así como colectivos de la sociedad civil reconocieron que a lo largo de su historia la Fundación dio acceso a distintas causas, incluso de posturas críticas o no afines a los intereses de los gobiernos en turno, desde derechos humanos hasta defensa de la tierra, así como feminismo y democracia.  

Asimismo, señalaron que albergó proyectos y exposiciones ante la negativa de acceso a espacios institucionales, durante los 26 años de ocupación. 

El inmueble es propiedad del Gobierno del Estado y fue entregado a la Fundación hace más de dos décadas. La actual posesión se dio mediante el contrato de comodato OM-DGPI-CC/101/2022, firmado el 1 de marzo de 2022 por el gobierno de Omar Fayad Meneses y con una vigencia inicial hasta el 28 de febrero de 2042, con posibilidad de prórrogas por plazos equivalentes, indicó el Poder Ejecutivo.  

Para la administración de Menchaca, con esto "se configuró un injustificado esquema a largo plazo sobre un espacio de alto valor simbólico y cultural para Pachuca".  

En su posicionamiento, el gobierno del expriista hizo varias referencias a la Fundación: "La herencia cultural de Pachuca no puede quedar sujeta indefinidamente a un esquema privado cuando existe la obligación pública de preservarla, proyectarla y ponerla al servicio de toda la sociedad hidalguense", además de sugerir que el comodato del inmueble era parte de "esquemas desventajosos para el interés general". 

Anunció que en el espacio que le retirarán a la Fundación Arturo Herrera Cabañas se creará un nuevo museo, "un proyecto cultural de carácter público y abierto a la comunidad artística, académica y social". 

"No hay despojo, ni golpe en contra de la fundación privada que pretendía poseer este inmueble por más de 40 años, hay recuperación, restauración y refundación de un espacio para convertirlo en un verdadero proyecto público al servicio de Pachuca de su historia y legado", externó el Ejecutivo. 

La Fundación tiene 32 años de existencia y, desde hace 26 años, ocupa una vieja casona abandonada por el voluntariado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).  

Resguarda acervos como el del fallecido periodista Miguel Ángel Granados Chapa; ha albergado exposiciones de artistas como Rufino Tamayo; ha presentado a Elena Poniatowska y a Pablo González Casanova, pero, principalmente, ha sido un espacio de desarrollo para autores hidalguenses. 

Integrantes de la Fundación participaron en la promoción del ejercicio de revocación de mandato en 2025, en el que Julio Menchaca se sometería a la valoración ciudadana a la mitad de su gobierno, pero que no se llevó a cabo porque no se lograron las firmas suficientes.