CIUDAD VICTORIA, Tamps. (apro).— La iniciativa promovida por la diputada Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, que buscaba la creación de un “Colegio de Periodistas de Tamaulipas” con facultades para vigilar la ética en el ejercicio informativo, fue detenida por autoridades estatales y legislativas al considerarse inviable y contraria a principios de libertad de expresión. 

El secretario general del Congreso local, Lorenzo Ochoa, confirmó que la propuesta permanece “congelada” y adelantó que no avanzará en comisiones debido a la falta de sustento jurídico y respaldo político. 

El planteamiento contemplaba la creación de un organismo con capacidad para recibir denuncias contra periodistas y emitir posicionamientos públicos, como “recomendaciones éticas” y “extrañamientos”, lo que encendió alertas dentro del gremio ante un posible intento de regulación indirecta de los contenidos informativos. 

En ese sentido, el subsecretario de Enlace Legislativo, Rómulo Pérez Sánchez, señaló que la administración encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya no respalda iniciativas que pudieran limitar la labor periodística. Afirmó que existe un compromiso pleno con el respeto a la libertad de expresión y descartó cualquier intención de control o censura. 

Asimismo, consideró que la propuesta careció de diálogo previo con periodistas y actores legislativos, lo que evidenció, dijo, debilidades en su construcción técnica y política. 

Por su parte, la diputada Cynthia Lizabeth Jaime Castillo defendió su iniciativa, al señalar que su principal aporte ha sido abrir la discusión pública sobre la ética en el periodismo, involucrando a diversos sectores, incluidos los propios comunicadores. 

Negó que el proyecto tuviera fines sancionatorios o de presión hacia medios de comunicación. “Nunca se ha planteado bajar contenidos, sancionar o demandar a periodistas”, aseguró. 

Finalmente, reiteró su postura a favor de la libertad de expresión como un derecho fundamental, aunque con límites establecidos en la Constitución, y subrayó que cualquier regulación en la práctica periodística debe surgir del propio gremio, a partir de principios éticos, y no mediante imposiciones institucionales.