SAN FRANCISCO, Camp., (apro) .- Denuncian inconsistencias en las pruebas ofrecidas por la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), que lograron la vinculación a proceso de Rosa “N” y Yahari “N”, y las mantiene en prisión preventiva en el penal de San Francisco Kobén.  

El abogado Edwin Trejo, defensor de ambas, reiteró que no existió flagrancia, ni una debida detención. Además, reveló que las dos están embarazadas. 

Una de las mujeres policías declaró ante la jueza del Segundo Juzgado de Control del Primer Distrito Judicial en Campeche, Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez, que Rosa, una de las presuntas responsables se cambió de ropa y la guardó en una mochila mientras ella la perseguía.

“En audiencia señalan que una de las policías que estaba en la formación, después del evento inició una persecución corriendo por la Plaza de la República y logró la detención de mi representada y curiosamente, en la versión de la Fiscalía la otra imputada estaba en el mismo lugar (...) la va persiguiendo, corriendo y que corriendo se quita la indumentaria y la mete en una mochila de color negro, que se quita los tenis blancos y los mete en la mochila”, declaró en entrevista el abogado. 

La versión que ofrecieron también contradice los dichos de la propia gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, quien declaró en su programa de redes sociales de Martes del Jaguar, que los arrestos fueron gracias a una persecución con las videocámaras del C5.

“No hubo una detención en flagrancia, ni existió una persecución de videocámaras como señalaron”, agregó Edwin. 

El representante legal de Rosa “N” y Yahari “N” advirtió que recurrirán al juicio de amparo para intentar que se revoque la medida cautelar de prisión preventiva. Buscará que ambas lleven el proceso legal afuera, en sus casas. 

Además, manifestó que la prisión preventiva no solo fue una medida cautelar excesiva, sino que no puede estar fundamentada en supuestos. Aun así, la jueza, Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez la impuso.

“Los argumentos de la Fiscalía para que estén en prisión preventiva y justificada en el proceso, es que las 22 policías que denunciaron sienten temor de que si se les deja libres pudieran ser agredidas y el segundo elemento planteado ante la juez, es que existe el riesgo de que pudieran cometer hechos parecidos, quemar policías o destruir el Palacio de Gobierno (...) contrario a esas hipótesis, una medida como la prisión preventiva no puede caerse en supuestos”, alegó el abogado.

A la par, lamentó que la gobernadora Sansores sentenció públicamente a las dos mujeres que ejercieron su derecho a la protesta, sin respetar la presunción de inocencia, ni esperar el debido proceso. 

“Considero desafortunado por decir lo menos, que la gobernadora se exprese públicamente y de la impresión de que mis representadas son culpables y por tanto van a ser castigadas, anticipando un juicio porque ahora empezaremos una segunda fase que es una investigación complementaria”, apuntó.