CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A cinco días de las movilizaciones nacionales con motivo del Día Internacional de la Mujer, en Campeche, entidad gobernada por Layda Sansores, cuatro activistas continúan privados de su libertad, luego de ser arrestados por un operativo policiaco en la entidad.  

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género (REDMYHAC) exigieron al Poder Judicial estatal y al gobierno de Campeche la liberación inmediata de Lady Jeannet Sosa Sarmiento, Idalia Betzabet Chino Delgado, Yahari Brito, y de José Ismael Pacheco López, detenidoa el domingo 8 de marzo “tras los incidentes registrados en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, donde presuntamente resultaron lesionadas mujeres policías que resguardaban el inmueble”.  

En un pronunciamiento, las organizaciones explicaron que en los últimos días 40 mujeres y dos hombres ya fueron liberados por falta de pruebas, “lo que confirma la debilidad de las acusaciones y la actuación sin legalidad por parte de la policía estatal”, situación que no ocurre con los cuatro activistas que esperan la realización de la audiencia que determinará su situación jurídica.  

Tras destacar que a las autoridades judiciales de Campeche les corresponde determinar la legalidad de las detenciones, realizadas sin orden de aprehensión o si cumplen las condiciones de flagrancia, además si hubo o no uso excesivo de la fuerza pública.  

“Desde OCNF y REDMYHAC exigimos a las autoridades judiciales de Campeche actuar con apego a derecho, garantizar el debido proceso y ordenar su liberación inmediata”, señalaron las organizaciones, alertando que “criminalizar la protesta y mantener detenidas a personas que no participaron en actos violentos representa un grave retroceso en el respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión”.  

Las organizaciones hicieron un llamado al gobierno de Layda Sansores Sanromán “a garantizar que no se utilice la fuerza del estado a través de su policía para detenciones arbitrarias que busquen inhibir la protesta social, particularmente en el contexto de las movilizaciones del 8 de marzo, una fecha que simboliza la lucha histórica de las mujeres por sus derechos”.