XALAPA, Ver. (apro).- Organizaciones civiles denunciaron que después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del estado mexicano por la muerte de la indígena Ernestina Ascencio Rosario en Soledad Atzompa, Veracruz, no existe una hoja de ruta para cumplir con las recomendaciones. 

Señalaron en un pronunciamiento que a 19 años de la agresión sexual perpetrada por elementos del Ejército mexicano en contra Ernestina Ascencio, mujer indígena nahua monolingüe de 73 años, cuya falta de atención médica derivó en su muerte, siguen pendientes acciones para cumplir la sentencia internacional. 

La resolución fue notificada el 16 de diciembre de 2025 y, desde el día siguiente, las organizaciones litigantes solicitaron formalmente un documento con acciones concretas y plazos definidos para dar cumplimiento a las medidas ordenadas. 

Sin embargo, transcurridos más de dos meses, no existe una propuesta oficial, lo que —advirtieron— retrasa el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación integral. 

Las organizaciones señalaron que la única acción pública mencionada hasta ahora ha sido que la Fiscalía General de la República podría atraer el caso, lo que consideran insuficiente frente al conjunto de obligaciones impuestas por el tribunal internacional. 

En su sentencia, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones cometidas contra Ernestina Ascencio y su familia, así como por la intervención indebida de altas autoridades que favorecieron la impunidad. 

También determinó que existieron barreras lingüísticas y actos de discriminación por razones de género, etnia y edad que derivaron en la negativa de justicia y en la vulneración del derecho a la verdad. 

El fallo ordena al Estado realizar una investigación penal exhaustiva sobre la violación sexual, tortura y muerte de la mujer; brindar atención médica y psicológica a sus familiares; efectuar un acto público de reconocimiento de responsabilidad; implementar programas de capacitación para funcionarios; fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa y crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia, entre otras medidas. 

Para la familia, la sentencia representa el reconocimiento de una lucha de casi dos décadas contra la impunidad. “La sentencia debe ayudar a que lo que le pasó a mi madre no le pase a ninguna otra mujer”, expresó Martha Inés Ascencio, hija de la víctima. 

Las organizaciones firmantes sostienen que el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir la resolución de manera integral, transparente y sin dilaciones, y advirtieron que la ausencia de una hoja de ruta compromete el cumplimiento oportuno de las obligaciones internacionales. 

El pronunciamiento está firmado por Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH), el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM), Kalli Luz Marina A.C., la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), el Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Human

Decenas de ambulancias, camiones de bomberos y patrullas policiales acudieron al lugar del choque, y los equipos escoltaron a los pasajeros, envueltos en mantas térmicas, para alejarlos de la escena.

ATM, la empresa de transporte público de Milán, informó que estaba cooperando con los fiscales “para establecer con precisión la causa y la dinámica del incidente”.