OAXACA, Oax. (apro).- A unas horas de que el Poder Judicial Federal emita una sentencia definitoria en los casos de Miguel y David Peralta, quienes son víctimas de una política sistemática de criminalización desplegada durante más de una década por el cacique Manuel Zepeda Cortés y su hija la diputada de Morena, Elisa Zepeda Lagunas, la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de Presos Políticos y Mazatecas por la Libertad, exigen su libertad absoluta. 

De igual forma, piden “justicia plena” para el fotoperiodista comunitario David Peralta y vinculación a proceso del cacique Manuel Zepeda Cortés, así como condiciones para su retorno seguro a la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón. 

Miguel Peralta fue encarcelado entre los años 2015 a 2019, luego de ser condenado a 50 años de prisión, apeló esa decisión y ganó la libertad. Tres años después, y a sus espaldas, la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Oaxaca, le revocó su libertad; y hoy continúa perseguido, no por cometer delitos, sino por ejercer derechos: el derecho a defender el territorio, el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, el derecho colectivo al agua y a un medio ambiente sano, el derecho a la organización comunitaria. 

Mientras que la agresión contra David Peralta, perpetrada el 3 de abril de 2025 —intento de atropellamiento, persecución, robo violento de su equipo de trabajo y posterior desplazamiento forzado— constituye mucho más que un delito común, ya que se trata de un ataque directo al ejercicio de la libertad de expresión, al derecho a la información y al derecho colectivo de la comunidad a documentar y denunciar el daño ambiental que amenaza su territorio. 

Las respectivas audiencias se efectuarán este viernes 20 de febrero en la sede del Poder Judicial de la Federación en Oaxaca. 

Consideran que “lo que ocurre en Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, México, no es una suma de hechos aislados ni conflictos privados: es una política sistemática de criminalización desplegada durante más de una década contra una comunidad indígena que ha decidido defender su territorio, su río y su derecho a existir con autonomía”. 

En un pronunciamiento, la coordinadora internacional pide a los  magistrados del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal con residencia en Oaxaca, Víctor Hugo Cortés Sibaja, Carlos Abel de los Santos Sánchez y Jahaziel Reyes Loaeza, emitan una libertad absoluta y sentencia absolutoria para Miguel Peralta, al quedar demostrado que los procesos en su contra carecen de sustento probatorio real y forman parte de un patrón de criminalización contra defensores indígenas del territorio. 

Y a la Fiscalía General de la República, particularmente al Juez de Distrito en funciones de Juez de Control, con residencia en Oaxaca, Álvaro Niño Cruz, piden “justicia plena para David Peralta, lo que implica una investigación exhaustiva y con debida diligencia de la agresión sufrida, así como la vinculación a proceso de Manuel Zepeda Cortés, como presunto responsable de los hechos. 

Consideran que el reconocimiento judicial de que estos casos no son hechos aislados, sino expresiones de una política de criminalización comunitaria sostenida durante más de una década por actores del poder local con la tolerancia —cuando no el respaldo— de los tres poderes del Estado en Oaxaca. 

Mencionaron que la decisión de los magistrados no es técnica, es histórica, ya que en sus manos está definir si el derecho penal seguirá siendo usado como arma contra los pueblos indígenas o si, por el contrario, se convertirá en un límite frente al abuso de poder. 

Mientras que al juez que conocerá del caso de David Peralta está la de proteger al fotoperiodista y con ello defender la libertad de expresión y el derecho de la comunidad a defender su río o ceder a presiones políticas, lo que sería traicionar la función judicial. 

Relataron que lo que ocurre en Eloxochitlán es preocupante cuando se criminaliza a quienes defienden el agua, el territorio y la vida. 

Recalcaron que “la libertad de Miguel Peralta y la justicia para David Peralta no son concesiones: son obligaciones jurídicas y morales. Sin ellas, no hay Estado de derecho. Solo hay poder, impunidad y silencio impuesto” 

Recordaron que los casos de David Peralta, fotoperiodista indígena mazateco, y de su hermano Miguel Peralta, antropólogo, defensor del río Xangá Ndá Ge y de la autonomía comunitaria, están profundamente entrelazados. El primero explica al segundo. La agresión contra David, de parte del cacique local Manuel Zepeda Cortés y padre de la diputada Elisa Zepeda Lagunas, revela el entramado de poder local, extractivista y caciquil que, al no poder silenciar a la comunidad por la “vía legal” mediante la fabricación de delitos, recurre a la violencia y la intimidación. 

Queda claro que estos casos buscan impedir que se documente un posible ecocidio cometido por Manuel Zepeda Cortés, silenciar la defensa del río Xangá Ndá Ge y sembrar miedo para desarticular la organización comunitaria. 

“La persecución penal contra Miguel Peralta no puede analizarse sin este contexto, ya que Miguel Peralta fue de las personas defensoras que, en el año 2011, documentó y denunció el ecocidio cometido al río Xangá Ndá Ge, en consecuencia, su familia completa fue objeto de represión y fabricación de delitos. En 2012, su padre Pedro Peralta fue torturado y encarcelado, en 2014, su madre, otro hermano y él fueron objeto de persecución judicial por delitos de alto impacto”, detallaron. 

Como a Miguel Peralta, el 14 de diciembre de 2014, a más de 50 personas defensoras del territorio y la autonomía de la comunidad mazateca, se les fabricaron delitos de alto impacto, sin pruebas vinculantes, y han sido obligados a enfrentar la justicia en todos los niveles, juzgados de primera instancia, salas del tribunal, juzgados federales y, Miguel Peralta, incluso obtuvo amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se revise su caso y se dicte una nueva sentencia, lo cual se espera para el viernes 20 de febrero de 2026. 

Finalmente, resaltaron que “durante años, la comunidad de Eloxochitlán ha enfrentado decenas de procesos penales fabricados, con un saldo contundente: más del 75% de las sentencias han sido absolutorias. Este dato, por sí solo, demuestra que no se trata de “conflictos entre particulares”, sino de una estrategia deliberada de desgaste judicial para inhibir la defensa comunitaria”, puesto que en cualquier otro caso, el Estado habría reconocido la fabricación de delitos y habría puesto fin; pero en el caso de Eloxochitlán, los tres poderes estatales se coluden para prolongar la existencia de juicios desgastantes, injustos, violatorios y para mantener de instancia en instancia la batalla jurídica, a sabiendas de que el fin de cada juicio, será una y otra vez la absolución y la libertad plena.