JALISCO (apro) .- Las prácticas de extorsión denunciadas por empresarios en Tequila no serían un caso aislado. De acuerdo con el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Antonio Lancaster-Jones González, existen al menos cinco municipios fuera del Área Metropolitana de Guadalajara donde prevalecen condiciones similares, con cobros ilegales y presiones a sectores productivos. 

Sin mencionar los nombres de esas demarcaciones, el dirigente empresarial afirmó que los casos ya fueron denunciados ante autoridades estatales y que, por estrategia jurídica, se reservan detalles para no entorpecer investigaciones en curso. “No debe seguir pasando, ocurre en otros municipios y en otros estados”, sostuvo. 

Lancaster-Jones anunció la presentación de dos iniciativas. La primera busca “cerrarle la puerta al crimen organizado” en el acceso a cargos públicos, con mayores requisitos para candidaturas y funcionarios de primer nivel. La segunda se enfoca en combatir la “extorsión institucional”, que —dijo— se disfraza de cobros, multas, clausuras o incrementos desproporcionados en impuestos. 

“La presidenta lo dijo: la extorsión es uno de los mayores cánceres del país, pero la principal es la institucional”, afirmó. Señaló que en Tequila las presiones se tradujeron en exigencias para otorgar licencias a cambio de “regalos”, depósitos o apoyos en especie. “Te doy la licencia, pero regálame una ambulancia”, ejemplificó. 

El líder del CCIJ pidió fortalecer a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco para que pueda iniciar investigaciones de oficio, sin necesidad de que las víctimas formalicen denuncias. Argumentó que el miedo inhibe a empresarios y ciudadanos. “Si sale en un medio ya es una denuncia; así funcionan los sistemas anticorrupción en el mundo”, señaló. 

Sobre el caso de Tequila, indicó que el sector industrial presentó tres denuncias formales contra el exalcalde y otros servidores públicos ya detenidos, además de múltiples señalamientos que no prosperaron por temor a represalias. Confirmó que al menos una carpeta registra avances y otras dos siguen en proceso. También refirió acusaciones contra policías municipales que dejaron el cargo. 

Lancaster-Jones afirmó que la corrupción y la extorsión impactan directamente la competitividad. Citó un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según el cual hasta 30% de la productividad puede verse afectada por estos fenómenos. “La extorsión ya no se queda en el diezmo; busca quedarse con la propiedad privada”, advirtió. 

En Tequila, dijo, más de 50 negocios e industrias fueron afectados con sellos de clausura parciales o totales. Reconoció que la administración municipal interina retiró esos sellos y abrió diálogo para regularizar actividades, pero sostuvo que el clima entre comerciantes y empresarios sigue marcado por el miedo. 

“Nos pidieron que diéramos la cara. Claro que tenemos miedo, pero tenemos una responsabilidad con la sociedad”, expresó. Sobre la confianza en la nueva administración municipal, fue categórico: “No la hay todavía; se tiene que ganar con trabajo y hechos”. 

El dirigente insistió en que, de cara a las elecciones de 2027, deben establecerse candados legales que impidan la repetición de esquemas de presión desde el poder público. “Si ya tenemos el diagnóstico, hay que modificar lo jurídico sin perder de vista el origen del problema: la extorsión”, concluyó. 

Gobernador desconoce más casos de extorsión como el de Tequila 

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aseguró no tener conocimiento específico de cuáles son estos cinco municipios. “No lo sé”, afirmó, y añadió: “No, la verdad, no más Tequila. Yo no los conozco. Leí la nota hoy en la mañana. Sin embargo, no sé de qué municipio se trate”. 

El mandatario indicó que su intención es indagar sobre el tema para tomar acciones. “Ahora le voy a preguntar a Toño para meter mano dura ahí también, como lo hicimos en Tequila”, declaró. Lemus subrayó la importancia de combatir este delito en todo el estado: “No podemos permitir en ningún momento… es mi deber entrarle a evitar extorsiones en cualquier municipio del estado”. 

Alerta del Ayuntamiento de Tequila sobre cobros indebidos 

En paralelo, el gobierno municipal emitió un aviso para alertar sobre personas que solicitan pagos indebidos a nombre del Ayuntamiento. Aclaró que ningún servidor público está autorizado para realizar cobros fuera de la Tesorería y exhortó a comerciantes y población a no entregar dinero a supuestos funcionarios que acudan a domicilios o establecimientos. También pidió denunciar cualquier intento de extorsión al 089. 

Nombran tesorera entre cuestionamientos 

Mientras tanto, el miércoles 18 del presente, el pleno del Ayuntamiento designó a Laura Janeth Ibarra Cortez como tesorera municipal, con cinco votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones. 

El gobernador Pablo Lemus Navarro se refirió al nombramiento como una medida indispensable para destrabar el congelamiento de cuentas que mantiene paralizadas las finanzas locales tras las investigaciones federales. 

Lemus señaló que el acuerdo en Cabildo permitirá avanzar en el descongelamiento de cuentas y cubrir pendientes urgentes, como el pago de salarios a trabajadores municipales —incluidos policías— y adeudos con la Comisión Federal de Electricidad. Informó que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, se obtuvo una prórroga de 72 horas para regularizar la situación financiera. 

El mandatario planteó dos rutas: solicitar el descongelamiento ante la Fiscalía General de la República (FGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) —proceso que estimó más lento—, o abrir nuevas cuentas bancarias para operar con mayor rapidez. No precisó cuál alternativa elegirá el Ayuntamiento, pero insistió en la urgencia de normalizar las finanzas. 

Una de las abstenciones en la votación fue de la regidora independiente Evelyn Castañeda, quien cuestionó la legalidad y la falta de transparencia en el procedimiento. 

La designación de la tesorera exhibió fracturas en el Cabildo. Castañeda sostuvo que desde días antes trabajaban en la búsqueda de perfiles con experiencia en administración pública, pero que el día de la sesión se enteró minutos antes de la presentación de una nueva candidata y no se permitió un receso para analizar las propuestas. 

“No hubo claridad ni retroalimentación”, afirmó. Aunque dijo no tener objeciones personales contra Ibarra Cortez, explicó que se abstuvo por considerar que la información no estaba completa. Además, advirtió que el nombramiento podría requerir mayoría calificada —dos terceras partes del pleno— y que revisarían la legalidad del acuerdo. 

Castañeda también denunció opacidad en el manejo financiero del municipio. Aseguró que el Cabildo no cuenta con datos precisos sobre nómina, número de trabajadores ni estado real de las cuentas. El retraso en la designación, señaló, impactó directamente en el pago de salarios y compromisos institucionales. 

A 13 días del operativo federal en Tequila, la edil reconoció algunos avances en orden y movilidad, pero sostuvo que persisten dudas sobre el mando en seguridad pública y sobre los cambios en áreas señaladas por irregularidades. “Hay que reconstruir la relación entre el pueblo y el gobierno”, dijo. 

Mientras el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco reconoció que el problema de extorsión no se limita a un solo municipio, en Tequila la gestión administrativa enfrenta urgencias financieras, advertencias por nuevos intentos de cobro ilegal y disputas políticas sobre la transparencia en la toma de decisiones.