GUADALAJARA, Jal., (apro) .- El Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco denunció que en el centro de rehabilitación identificado como Fuerza Nacional “Liberando a México de las Adicciones”, ubicado en la colonia Ixtapa, en Puerto Vallarta, se cometen presuntas privaciones ilegales de la libertad que, afirmaron, serían consentidas por autoridades. 

En un comunicado, la asociación civil enfocada en la búsqueda de personas señaló que en distintos puntos de Puerto Vallarta se suscitan “levantamientos”, sobre todo durante la madrugada, sin el consentimiento de quienes son internados y sin el conocimiento de las familias de los anexados. Indicó que estas acciones son efectuadas por las llamadas “patrullas espirituales”. 

“Nos percatamos de privaciones ilegales de la libertad consentidas por las autoridades. Estos lugares trabajan levantando gente en la madrugada en todo Puerto Vallarta a discrecionalidad, sin el conocimiento ni consentimiento de los recluidos y de sus familias”, señaló. 

El colectivo informó que el lunes 16 de febrero realizó acciones de búsqueda en vida en Puerto Vallarta en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.  

La jornada incluyó la visita al centro de rehabilitación Fuerza Nacional, donde personas internadas relataron presuntas irregularidades. 

El colectivo compartió la denuncia escrita en un papel por un joven internado, en el que pidió ayuda:  

“Por favor márquele a mi madre, la necesito, ayúdenme, se lo suplico. Mi madre es Alicia Jiménez. Soy su hijo Rafael. Que venga por mí, estoy contra mi voluntad” (y agregó un número de teléfono, al parecer de Puerto Vallarta). “Por favor, ayúdeme”. 

Según lo expuesto por el colectivo, el centro notifica a la Fiscalía del Estado de Jalisco aproximadamente cada diez días sobre las personas que permanecen en el lugar; sin embargo, denunciaron que no se informa a los familiares sobre su paradero ni se establece contacto para dar cuenta de su condición. 

“Estas llamadas patrullas espirituales, solo giran oficio a la Fiscalía cada diez días, aproximadamente, de las personas que privan de su libertad, sin dar conocimiento a los familiares de que están en dicho lugar. La Fiscalía por igual, tampoco se pone en contacto con las familias, así como tampoco con las personas recluidas para conocer de su condición”. 

También acusaron que las personas recluidas se encuentran en condiciones “inhumanas, insalubres e indignas”. 

El colectivo cuestionó cómo estos espacios pueden operar bajo esas circunstancias y, además, recibir respaldo o apoyos oficiales. 

“¿Cómo es posible que estos lugares trabajen de esta manera, y reciban no solo el visto bueno de las autoridades, sino también los apoyos para seguir operando de esta manera?”, puntualizó la organización. 

Finalmente, la asociación hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que garanticen los derechos humanos de las personas internadas y de sus familias, y para que no permitan ni participen en acciones que vulneren su libertad y dignidad.