TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, conductor y jefe de despachadores del Tren Interoceánico que descarriló en Oaxaca el pasado 28 de diciembre de 2025, fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, informaron fuentes judiciales. 

Durante la audiencia inicial, la jueza de control Diana Isabel Ivens Cruz, del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Cintalapa, Chiapas, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que ambos fueron ingresados al penal estatal “El Amate”, ubicado en ese municipio, donde enfrentarán su proceso penal. 

Asimismo, la juzgadora estableció un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación complementaria. 

En la diligencia, el Ministerio Público presentó los datos de prueba que la jueza consideró suficientes para sujetarlos a proceso. 

Las fuentes judiciales señalaron que, una vez concluido dicho plazo, el fiscal del Ministerio Público, en caso de contar con los medios de prueba suficientes, formulará la acusación correspondiente. Posteriormente se celebrará la audiencia intermedia, en la que se depurarán y verificarán las pruebas que se desahogarán en el juicio oral, previo a la audiencia de juicio. 

Felipe de Jesús Díaz Gómez fue detenido en la colonia Pakal Ná, en el municipio de Palenque, Chiapas, de donde es originario. 

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados omitieron accionar la válvula del freno de emergencia para detener el ferrocarril, el cual era conducido a exceso de velocidad por el maquinista Emilio Erasmo Canteros Méndez, también investigado por estos hechos y actualmente prófugo. 

Según la carpeta de investigación, dicha omisión habría sido determinante en el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca, que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y decenas de lesionados. 

De ser encontrados culpables, los tres implicados podrían enfrentar penas de entre cinco y 20 años de prisión por el delito de homicidio culposo, además de la destitución del empleo, cargo o comisión, así como la inhabilitación para desempeñar funciones de la misma naturaleza. 

A ello se suma una posible condena adicional de tres a seis años de cárcel por el delito de lesiones culposas, conforme a la orden de aprehensión girada el pasado domingo por la jueza Diana Isabel Ivens Cruz, a solicitud de la FGR.