CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La representación agraria del ejido de Carrizalillo, ubicado en el estado de Guerrero, urgieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aplicar “todo el peso de la ley” a la minera canadiense Equinox Gold, ante la negativa de la empresa a negociar un precio justo por la ocupación de sus tierras o a cerrar y remediar los daños causados por la explotación de oro en el territorio. 

A diez meses de que los habitantes del ejido de Carrizalillo, perteneciente al municipio de Eduardo Neri, decidieran instalar un campamento en la entrada del complejo minero, al no concretarse la continuidad del convenio con la empresa canadiense, la Mesa del Ejido de Carrizalillo, dirigió una carta abierta a la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir la intervención gubernamental.  

En la misiva los representantes ejidales recordaron que el pasado mes de octubre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró cinco sitios de la mina, especificando la obligación de Equinox Gold de 52 medidas de remediación, de las cuales sólo ha atendido cinco.  

Al recordar que a finales del año pasado se estableció una mesa de diálogo entre la empresa y el ejido con la mediación de la Secretaría de Gobernación, los campesinos afectados resaltaron que los temas torales tienen que ver con la continuidad de las operaciones de la mina, con base en una tarifa justa por la ocupación de 772 hectáreas de Carrizalillo; de no continuar la operación de Eqinox, acordar operaciones de cierre y poscierre de la mina, así como las acciones de remediación ordenadas por Profepa.  

Las negociaciones en Segob, han sido coordinadas por el subsecretario César Yáñez y en ellas han participado funcionarios de Profepa, Procuraduría Agraria, y de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y de Economía, sin que hasta ahora se haya logrado que Equinox acceda a atender las problemáticas planteadas por los dueños de la tierra. 

“Es imperante que el gobierno mexicano aplique todo el peso de la ley a esta empresa y evite se siga burlando de nosotros, de los daños ambientales ocasionados y que siguen creciendo, así como el incumplimiento de la legislación bajo el absurdo de que puede ocupar nuestras tierras para hacer la remediación solamente si aceptamos que sea por 49 pesos diarios”, contaron los ejidatarios a la presidenta.  

Explicaron que en la negociación del lunes 19, los empresarios encabezados por su representante, Hugo Vergara, argumentaron que durante tres o cuatro meses realizarían los trabajos de remediación del territorio, pagando solamente 49 pesos diarios por hectárea, lo que equivale a 37 mil 828 pesos al mes.  

Aclararon que el posicionamiento que llevó el ejido a la mesa de negociación fue que para que la empresa lleve a cabo el proceso de remediación “debe pagar una indemnización de los diez meses que lleva sin pagar renta, al mismo tiempo que no ha hecho ninguna actividad para regresarnos nuestra tierra generan que estemos en indefensión total sin dinero y sin tierras para sembrarlas”.  

Resaltaron que los funcionarios federales han atestiguado durante las negociaciones que el ejido “ha dejada manifiesta su postura de flexibilizar sus pretensiones” para llegar a acuerdos, mientras que se enfrentan a “una empresa sorda, avara y arrogante” que no ha cedido. 

Contaron que han propuesto a la empresa que, si desea continuar con la explotación de sus tierras, están dispuestos a reducir en un 55% la tarifa por hectárea que se tenía acordada, esto es pasar del costo de 6.9 onzas por hectárea a 3.5 onzas, mientras que la minera canadiense ha pasado de una contrapropuesta de pagar el valor de 2.5 onzas por hectárea a 2.7, y descartando cualquier otro acuerdo de beneficio social a la comunidad.  

Tras el rompimiento de negociaciones de este lunes, luego de que la empresa condicionó a remediar la destrucción ambiental del ejido de Carrizalillo, siempre y cuando sus dueños acepten el pago de 49 pesos por hectárea diarios, los ejidatarios insistieron a Sheinbaum en actuar a favor de los campesinos. 

“Esperamos que este acto ya no sea pasado por alto por el gobierno federal y haga uso de sus instituciones para que se acabe de una vez por todas con esta empresa que simula ser responsable social y ambientalmente, tanto en México como en Canada”, anotaron los ejidatarios de Carrizalillo.  

“Solicitamos al gobierno federal una actuación integral en la cual consideren la vulneración de nuestros derechos y tengamos acceso a la reparación del daño que nos corresponde y que hemos manifestado a cada una de las instancias con las que nos hemos reunido”, concluyeron.