HIDALGO (apro) .- Siete años después de la exposición del ducto a causa de una toma clandestina que fue vigilada por el ejército, pero a la que ingresaron pobladores para recolectar gasolinas, en una época de desabasto; del fuego, los cuerpos calcinados, los heridos en estado crítico que murieron en hospitales a causa de las quemaduras, del luto y el intento de recuperación de un poblado con vocación agrícola, Tlahuelilpan suma más de 800 perforaciones a ductos para robar hidrocarburos; el Valle del Mezquital, la región en la que se ubica el municipio, 14 mil 318, e Hidalgo, el estado más “ordeñado” del país, 27 mil 345. 

Cada tres horas con 25 minutos, los “huachicoleros” abren una válvula en el estado y, a nivel nacional, el Valle del Mezquital es una de las regiones con más perforaciones a ductos para el saqueo de gasolinas, desde diésel hasta turbosina, un combustible para aviones. 

Formado por distintos valles y llanuras, al Mezquital lo integran más de una veintena de municipios en una zona semidesértica al occidente de Hidalgo, pero es en 13 de ellos, entre ejidos, tierra árida y otrora cultivos, donde se focaliza el hurto de gasolinas mediante picaduras a las válvulas de Petróleos Mexicanos (Pemex), delito que, en este tiempo, también ha dejado otros estallidos y más muertos por calcinación. 

En la región también se libra una guerra por el territorio que en 2025 legó más de un centenar de asesinatos. 

Después del luto, organizaciones se reagrupan 

Desde aquella explosión del oleoducto en Tlahuelilpan el 18 de enero de 2019, que dejó 137 muertos –68 cuerpos quedaron calcinados en la parcela de San Primitivo y 69 personas más fallecieron en hospitales a causa de las quemaduras–, y hasta septiembre de 2025, este municipio registra más de 843 perforaciones a los ductos de Pemex, a través de las cuales grupos de huachicoleros han robado gasolina, gas y petroquímicos. 

El siniestro dejó un dolor social aún visible: 194 niños y adolescentes huérfanos, negocios perdidos, familias rotas, futuros truncos... sobre este luto, las organizaciones criminales se reestructuraron, unas abatieron a otras, absorbieron también a células más pequeñas y se aliaron con grupos más grandes por el control del huachicol, según el seguimiento de inteligencia federal. 

Aledaño a Tlahuelilpan, Tula, donde el gobernador Julio Menchaca Salazar reconoció un escenario de violencia “preocupante” el 6 de enero último –madrugada en la que habían sido encontrados dos ejecutados más–, acumula desde enero de 2019 y hasta septiembre de 2025 mil 779 tomas clandestinas. 

Aunque no es el municipio del Valle del Mezquital con el número más alto de ductos perforados en este periodo, Tula ha concentrado la mayor cantidad de ataques criminales en el último año, como el de un comando armado al centro nocturno “La Resaka” la madrugada del sábado 29 de noviembre. 

Un grupo abrió fuego en el bar y mató a cuatro en el lugar, dos más murieron en hospitales y otros ocho resultaron lesionados con las armas de grueso calibre que emplearon los sicarios. El comando también roció con gasolina la entrada de “La Resaka” con heridos y sobrevivientes dentro, pero finalmente no incendió el lugar. 

Según el Gabinete de Seguridad estatal, el atentado tenía como objetivo ultimar a una persona cercana a “El Cuquis” –líder de una célula de asesinos a sueldo en la región–, quien, sin embargo, logró escapar.  

Este multihomicidio, reconoció el secretario de Seguridad Pública, Salvador Cruz Neri, es parte de la guerra entre las facciones del cártel de Los H, oriundos en Tula, pero con presencia en 12 municipios hidalguenses, en la región del Valle del Mezquital. 

En Tlaxcoapan, justo a un lado de Tlahuelilpan –el predio de San Primitivo, donde estalló el ducto, se encuentra entre los límites de ambos poblados– suman otras mil 200 perforaciones a ductos desde la tragedia, “la más dolorosa” de su sexenio, reconoció el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que en su periodo había “casi” erradicado el huachicol. 

Pero el fin de un entramado criminal que, a decir del gobernador Menchaca, se fraguó a través de complicidades tanto políticas como con corporaciones de seguridad, sigue sin llegar a Hidalgo. 

Aunque el mandatario estatal planteó que quizás la colusión data desde el asentamiento de la refinería Miguel Hidalgo, inaugurada oficialmente el 18 de marzo de 1976, reconoció que en los últimos años la forma de operar el delito se perfeccionó, al grado de incluir infraestructura como tomas clandestinas conectadas a túneles. 

Contiguo a Tula, en Tepeji del Río, se han detectado 220 perforaciones a válvulas para hurtar crudo, y aledaño a ellos, Seguridad Física de Pemex ha descubierto 150 más en Tezontepec de Aldama. 

Sin embargo, la mayor sustracción se centra en cuatro municipios que colindan, al este, con Tlahuelilpan: Atotonilco de Tula, con 2 mil 167 tomas halladas; Ajacuba, con 2 mil 141; Tetepango, con mil 695, y Atitalaquia, con mil 157. La numeralia histórica fue proporcionada por la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo de Pemex como respuesta a solicitudes de información. 

De esos poblados, en Tetepango, cuatro camionetas que contenían hidrocarburo sustraído de una toma que estaba conectada a un ducto estallaron en la comunidad de Ulapa el 2 de junio de 2025. Una persona murió y ocho más resultaron heridas, entre ellas un menor de edad que sufrió quemaduras en más del 10% de su cuerpo.  

Además de estos municipios, aún en el Valle del Mezquital, pero en los límites con Querétaro, se sitúa Nopala, con mil 92 perforaciones a ductos para robar combustibles en los últimos siete años. 

Y junto a Nopala se ubica otro perímetro de extracción en el que convergen Chapantongo, con 814 tomas localizadas; Tepetitlán, con 636, y Huichapan, con 419. 

Estos son los 13 municipios del Mezquital donde se focaliza la “ordeña”, aunque en 2021 también se descubrió una perforación para extraer combustible en Santiago de Anaya, un poblado indígena, y cuatro más en Progreso de Obregón (tres en 2020 y una en 2021), territorios antes ajenos a este delito. 

En total son 14 mil 318 tomas clandestinas en esta región; esto significa que una de cada dos válvulas que se abren para sustraer crudo en Hidalgo se encuentra en estos poblados, que, en algunos casos y por la base social del delito, han sustituido la veta agrícola y ganadera por las armas, los radios de comunicación para “halconear” y los bidones cargados con gasolina robada. 

El fuego cruzado 

Tlahuelilpan es parte de una disputa territorial entre dos facciones del cártel de Los H y Los Solas por el control regional del narcomenudeo, la sustracción y el trasiego de combustibles. 

Sin embargo, en los últimos meses el escenario de violencia en el Valle del Mezquital, principalmente en Tula, municipio aledaño a Tlahuelilpan y sede de la refinería más activa del país, se ha agravado por una pelea de larga data que inició el Guanajuato y ha llegado hasta el territorio estatal: la que protagonizan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL). 

El 6 de enero, a un costado del canal Requena, en terrenos de cultivo de la comunidad de El Gavillero, en Tlahuelilpan, fue hallado el cadáver de una mujer con signos de violencia y disparos de arma de fuego; el 13 de enero, un robo con violencia en una gasolinería derivó en un tiroteo entre corporaciones de seguridad y presuntos ladrones –dos lesionados, que fueron detenidos–. 

Para el gobierno de la entidad, los hechos de violencia en este municipio, que es parte de la zona de influencia de Tula, se deben a la disputa criminal entre las células del cártel de Los H, que sólo en ocho días –entre el 31 de enero y el 7 de enero– dejó 13 muertes violentas en la denominada Ciudad de los Atlantes. 

En esa cifra se incluye el ingreso de un grupo armado a dos domicilios contiguos en la localidad de San Juan Michimaloya para asesinar a una pareja de adultos mayores y a una mujer joven, además de herir a una menor de diez años con dos impactos de bala; ella fue la única sobreviviente de este ataque armado durante la madrugada del 7 de enero. 

La sofisticación criminal 

En abril de 2025, en Atotonilco de Tula se descubrió un túnel de 24 metros de largo, 1.10 metros de alto y 60 centímetros de ancho, diseñado específicamente para llegar a los ductos de Pemex. Se estimó que extraían 150 mil litros diarios de combustible. 

Cada uno se comercia en el mercado negro entre 20 y 22 pesos –la escasez de gasolineras formales en algunos tramos del Valle ha permitido que el producto, incluso de procedencia ilícita, se encarezca–, aunque el crudo no sólo se queda en la entidad, sino que es traficado a Estados Unidos y Centroamérica, como dio cuenta Proceso en Muerte Líquida: EU revela la ruta del huachicol de Hidalgo a Texas (edición 0026). 

Esto implicaba, sólo por ese túnel y esa toma, una ganancia diaria aproximada de tres millones de pesos, dinero que financia una red de piqueteros, sicarios, puntas, halcones..., más los sobornos que permiten la extracción impune. 

En enero de 2025 se había hallado otro túnel conectado a una toma clandestina en Tlaxcoapan, el segundo en la misma comunidad. 

En 2024, Pemex reportó seis huachitúneles que conectaban con tomas clandestinas en territorio estatal, mientras que entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023 –el año siguiente a la salida de Omar Fayad–, de ocho túneles hallados, dos se encontraban en el Valle del Mezquital, el resto se ubicó en Cuautepec, en los límites con la Sierra Norte poblana, y uno en Pachuca. 

En Tlaxcoapan se localizó el primero de los túneles: era de 165 metros de longitud conectado a una toma clandestina al ducto Tula-Salamanca. Había 12 pipas con capacidad de 42 mil litros que presuntamente eran abastecidas cuando se abría la toma. 

Los túneles también han sido empleados para el resguardo y producción de droga: en Tepeji del Río se localizó uno que almacenaba 237 mil 567 dosis de marihuana, 9 mil 333 de cristal, más dulces y frituras elaborados con marihuana, así como armas de fuego. 

Las nuevas disputas 

La palabra Tlahuelilpan proviene del náhuatl Tlaualilpan, por lo que su significado es “en donde se riegan las tierras”. Después de que la tierra se regara de hidrocarburo y uno de esos derrames por tomas no selladas originara la mayor tragedia en la historia de Hidalgo, los grupos criminales erigieron un nuevo feudo criminal sobre el dolor de los deudos. 

Fragmentados y con disputa interna, Los H y Los Solas pelean por el territorio. Antes, Los Parka, El Tito, El América, Los Michoacanos, Los Hades, entre otros, drenaron los ductos y se aliaron o pelearon entre sí, reforzados por organizaciones criminales más grandes. 

En este escenario, el Cártel Santa Rosa de Lima, que también enfrenta una fractura interna que ha llevado a disputas entre sus células, busca reestructurarse mediante alianzas con otras facciones criminales para hacer frente al Cártel Jalisco Nueva Generación. 

De Guanajuato, ambos extendieron la confrontación a Querétaro y después a Hidalgo, a donde el CSRL ya había estado en periodos previos, ya que en el sexenio de Omar Fayad establecieron una primera alianza con Los Alemanes –un grupo de exintegrantes de Los Zetas, de la facción de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40– que operaba en San Luis Potosí y subió a Hidalgo a través de la región en la que convergen las huastecas veracruzana, potosina e hidalguense. 

Las dos disputas, las posibles alianzas, el territorio y los giros criminales divididos han potenciado la violencia al inicio de año. 

La madrugada del 6 de enero pasado, dos personas, un hombre y una mujer, fueron asesinadas a tiros cuando regresaban de vender juguetes y viajaban a bordo de una camioneta Jeep Liberty que, tras una persecución, terminó impactada contra una barda sobre la Avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Jalpa, en Tula. 

Sin vida, entre terrenos de cultivo, igualmente fueron localizados los cuerpos de tres personas la mañana del sábado 3 de enero, en Tula. En el mismo municipio, en la comunidad de Xochitlán, el cadáver de un hombre con signos de violencia también fue localizado. 

En la víspera del inicio de año, la tarde del 31 de diciembre, un ataque armado en la colonia San José, igualmente en la Ciudad de los Atlantes, dejó tres muertos. 

Tras los ataques armados y ejecuciones recientes, el gobierno de Hidalgo anunció el 14 de enero el despliegue de 620 elementos del ejército, Guardia Nacional (GN), Policía Federal Ministerial, así como de la Secretaría de Seguridad Pública local (SSPH) y la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) para reforzar la vigilancia en un corredor del huachicol que integran los municipios de Tepeji del Río, Tula de Allende, Atitalaquia, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan y Atotonilco de Tula. 

“Sí ha continuado esa actividad, pero ha sido también muy intensa la contención por parte del gobierno. Ha habido detenciones importantes de generadores de violencia; ha habido aseguramiento de predios, de vehículos, de pipas, de bidones, y eso lo vamos a continuar haciendo. Algo que se dio durante mucho tiempo también, va a requerir de otro más, espero que no mucho, para poderlo eliminar”, expuso el gobernador Julio Menchaca Salazar en la víspera del séptimo aniversario de la exposición de Tlahuelilpan, al reconocer la vigencia de un delito que, ha mencionado antes, está asociado con otros ilícitos como la extorsión, el homicidio e, incluso, posiblemente con la trata de personas, por el reclutamiento. 

“Lo de Tlahuelilpan fue un caso brutal, pero han seguido perdiendo la vida personas que se dedican a esto, porque llevan un producto peligroso; recientemente, camionetas que se incendian, en fin...

“Ha contribuido también que como obtienen recursos, pueden socializar, ellos sí con ‘apoyos’ –así les digo, entre comillas– a comunidades, a personas”, señaló el gobernador, al tiempo de recriminar que, en operativos, los traficantes de crudo han puesto al frente a mujeres y niños para impedir que las corporaciones puedan disparar. Eso, dijo, también ha limitado el actuar de policías. 

La indemnización que no llega 

Primero fue la pandemia, después el paro de labores en el Poder Judicial en 2024, como protesta contra la reforma impulsada por el Ejecutivo federal que incluía la elección popular de jueces y magistrados; después, el rezago de expedientes. Siguieron los amparos promovidos por Pemex y la aseguradora Mapfre. 

Con ello, la indemnización para las familias de los 137 muertos –a quienes un juez federal dio en noviembre de 2020 legitimidad como víctimas– lleva siete años estancada. 

A Mapfre Tepeyac S.A. de C.V. Petróleos Mexicanos le había pagado 560 millones de dólares por la póliza de un seguro cuya cobertura alcanzaba la responsabilidad civil; sin embargo, la aseguradora resolvió que la culpa del siniestro era de las víctimas y Pemex aceptó un dictamen presentado por la empresa que no la comprometía a liberar los recursos. 

Sin embargo, en noviembre del año anterior un Tribunal Colegiado confirmó la continuidad del juicio, tras resolver una apelación de Pemex y Mapfre a un fallo de marzo del mismo año que ya había declarado infundados los argumentos de ambas empresas demandadas. 

El contrato entre Pemex y la aseguradora tenía vigencia del 30 de junio de 2017 al 30 de junio de 2019. 

La demanda se centra en las consecuencias dañosas de no dar atención médica privada, así como indemnización por muerte daño directo, indemnización por lesiones daño directo, compensación por daño moral tanto a las víctimas directas como indirectas, lucro cesante y daño emergente, por la disminución de los valores patrimoniales que los perjudicados tenía en su haber. 

Lo anterior, porque los familiares de víctimas que presentaron la demanda colectiva creen que Mapfre pudo salvar a alguno de los 69 sobrevivientes del incendio que perecieron en las semanas subsecuentes en hospitales, trasladados a un sector salud saturado, no sólo en Hidalgo, sino en las entidades aledañas que recibieron a los heridos con quemaduras entre el 50 y el 90% de su superficie corporal total. 

Se trataba de lesiones profundas de segundo y tercer grado que afectaban capas de la piel, complicando desde el momento en el que fueron alcanzados por el fuego su supervivencia, ante la mirada de una línea de militares para entonces ya rebasados, que miraban las escenas de los cuerpos encenderse como antorchas y correr. 

El ejército había detectado la toma desde la 2:30 de la tarde. Una hora después comenzaron a llegar pobladores de zonas cercanas –Tlaxcoapan, Tula, Mixquiahuala...– con bidones y cubetas para recolectar la gasolina que brotaba del ducto.  

A las 6:20 Pemex ordenó el cierre de la válvula del ducto y 32 minutos después se registró la explosión y el incendio masivo que dieron origen a la tragedia más grande en la historia de Hidalgo, que este 16 de enero cumplió 157 años como entidad federativa.