CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Los empresarios Juan José y Erick Arellano Hernández, propietarios del equipo profesional de beisbol Leones de Yucatán, denunciaron ante Proceso lo que describen como un intento de extorsión en el que, según su dicho, se utilizó el nombre de esta casa editorial como mecanismo de presión.

En entrevista con este medio, Juan José Arellano aseguró que el señor Rodrigo Ángel Flores Amezcua le habría solicitado cinco millones de pesos a cambio de que Proceso no volviera a publicar una nota periodística difundida en 2017.

“Nos plantearon que si no entregábamos cinco millones de pesos, Proceso podría volver a sacar aquella información que nos afectó hace años”, señaló Arellano a Flores Amezcua, quien se acredita en su perfin LinkedIn como director de asuntos institucionales de Walmart.

Antecedente: la publicación de 2017

En 2017, Proceso publicó una investigación relacionada con el bloqueo de cuentas de empresas vinculadas a los hermanos Arellano Hernández.

De acuerdo con información oficial de la época, a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordenó el congelamiento de cuentas empresariales como parte de indagatorias por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El primer bloqueo ocurrió en 2015 y el segundo en 2016. La UIF, encabezada entonces por Alberto Bazbaz Sacal, contrató a un despacho internacional de auditoría para revisar la operación de empresas del grupo ArHe, consorcio de los Arellano Hernández.

Proceso tuvo acceso a documentación relacionada con dichas actuaciones oficiales y publicó la nota correspondiente en ese contexto.

Años después, tras resoluciones administrativas y judiciales, las cuentas fueron desbloqueadas y no se presentó denuncia penal en contra de los empresarios. Para solicitar la baja de la nota, los Arellano Hernández remitieron a este medio documentación oficial de la UIF y de la Secretaría de Hacienda en la que se instruía el levantamiento del bloqueo.

Esta casa editorial verificó la autenticidad de los documentos ante las autoridades correspondientes y retiró el contenido solo hasta que la autoridad correspondiente así lo determinó, en cumplimiento de una resolución judicial.

No obstante, la autoridad no refutó que la investigación oficial existió y que el reportaje se sustentó en información documental verificable al momento de su publicación.

El señalamiento actual

En días recientes Juan José Arellano pudo acreditar que la directora de Relaciones Públicas y Medios de su grupo ArHe, Jazmín Miñón, sostuvo una reunión presencial con Rodrigo Ángel Flores Amezcua en el estado de Sinaloa.

En esa reunión, siempre según la versión de los Arellano, Flores Amezcua habría planteado que podía “evitar” una nueva publicación de Proceso a cambio de la entrega de cinco millones de pesos.

“Lo que nos dijeron es que tenían manera de influir para que no se retomara el tema que sería perjudicial para nosotros; mismo que quedó resuelto hace años ante la autoridad competente”, señaló Juan José Arellano.

Los empresarios afirmaron que, ante esa situación, optaron por contactar directamente a Proceso para informar de lo ocurrido.

“Nosotros sabemos de rigor de su medio que hasta nos ha pegado, también conocemos a su reportera de deportes Beatriz Pereyra y sabíamos que Proceso no se conduce así, por lo que optamos por buscarlos directamente para denunciar este asunto”, relató Juan José Arellano.

Arellano anunció que presentaría una denuncia de hechos ante las autoridades competentes para que se investigue el presunto intento de extorsión.

“Nosotros no vamos a entregar dinero alguno. Si alguien está utilizando el nombre de un medio como Proceso para presionar, eso debe aclararse ante la ley y así lo haremos”, afirmó.

Derecho de réplica

Proceso buscó a Rodrigo Ángel Flores Amezcua para ofrecerle su derecho de réplica respecto de los señalamientos formulados por los empresarios.

En comunicación con este medio, no negó de manera expresa las acusaciones y solicitó un plazo para fijar su postura. Transcurrido el tiempo acordado, no envió respuesta adicional ni versión formal de los hechos.

Este medio mantiene abierta la posibilidad de publicar cualquier aclaración que desee formular.

Deslinde institucional

Comprometido con la independencia que le dio origen y sentido, Proceso se deslinda de manera absoluta de cualquier gestión, intermediación, negociación o solicitud de recursos económicos vinculada a la publicación, reedición o supresión de contenidos periodísticos.

Ninguna persona ajena a la estructura editorial y administrativa de esta casa puede representar, negociar o influir en sus decisiones informativas.

Las determinaciones editoriales se adoptan con base en criterios periodísticos y de interés público, no mediante acuerdos económicos ni presiones externas.

Posición editorial

Proceso hace pública esta información con el propósito de:

Deslindar formalmente al medio, a sus dueños y reporteros de cualquier conducta ilícita atribuida a terceros.

Dejar constancia de que su nombre no puede ser utilizado como instrumento de presión.

Transparentar ante sus lectores cualquier intento de vincularlo con prácticas ajenas a su ejercicio periodístico.

La denuncia pública constituye un mecanismo de transparencia y protección tanto para el medio como para sus audiencias.