HERMOSILLO, Son. (apro).- El desvío de fondos públicos por el que un par de exfuncionarios de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora (SEC) fueron señalados por la Fiscalía del estado la semana pasada habría mermado cerca de 290 millones de pesos de las arcas públicas, según informó este miércoles el fiscal anticorrupción. El caso involucra a otros personajes de la política sonorense cuyas órdenes de aprehensión se encuentran pendientes de ejecutar. 

“El caso de los dos exservidores públicos que fueron vinculados a proceso (José Víctor González Guerrero, extitular de la SEC de 2081 a 2021, y Francisco Alberto Curiel Montiel) es resultado de una investigación que viene de septiembre de 2021 por medio de la cual se denunciaron hechos porque varios servidores públicos a partir de 2018 y durante los ejercicios fiscales de 2018, 2019, 2020 y 2021, desviaron recursos alegando la existencia de un esquema de beneficios múltiples. (…) Se contrató un esquema, supuestamente para darle mayores prestaciones a algunos trabajadores. El monto del desvío es de casi 290 millones de pesos”, informó Mauricio Ibarra Romo, titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora. 

El funcionario detalló que la investigación comenzó durante el mes de septiembre de 2021, es decir, durante los primeros días del gobierno de Alfonso Durazo Montaño. Los dos exfuncionarios vinculados a proceso formaron parte del gabinete de Claudia Pavlovich Arellano, quien actualmente goza de una polémica embajada en Panamá. 

Además de los dos servidores públicos actualmente detenidos en el Centro de Reinserción Social 1 de Hermosillo, el caso devino en una serie de órdenes de aprehensión que todavía se encuentran pendientes de ejecutar, según confirmó Ibarra Romo. 

Un documento filtrado a la prensa durante el proceso detalla que el resto de las órdenes de aprehensión fueron giradas en contra de Cristina Rodeles Valdez, Gabriel Alejandro Barranco Varela, Juan Antonio Fernández Ortiz y Ernesto de Lucas Hopkins. 

Todos laboraron en la SEC, pero destaca el caso del último debido a que fue titular de la Secretaría de 2015 a 2018, además de que en 2008 fue director del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Sonora, secretario particular del exgobernador Eduardo Bours Castelo. En el 2022 pasó a formar parte de Movimiento Ciudadano, partido que lo llevó a ocupar un puesto como diputado en el Congreso del Estado de Sonora. 

“Durante los cuatro ejercicios fiscales desviaron recursos procedentes de la partida 1000, servicios personales, para otro propósito. Se asociaron con una empresa privada, a esta empresa fue a la que se depositaron los recursos públicos. Esto es muy claro, el presupuesto de egresos se tiene que usar exactamente para lo que se aprobó, y en este caso se utilizó para otros fines”, concluyó el fiscal anticorrupción.