CUERNAVACA, Mor. (apro).- Humberto Paladino Valdovinos, suegro del diputado panista y presidente de la Junta Política y de Gobierno, Daniel Martínez Terrazas, así como Miguel Enrique Lucía Espejo, asesor y brazo derecho del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Rafael Reyes Reyes, fueron designados por el Pleno del Congreso de Morelos como nuevos integrantes del Órgano de Administración del Poder Judicial de Morelos. Este hecho ha sido calificado por ciudadanía y actores políticos —principalmente en redes sociales— como un acto inmoral y de falta de transparencia. 

La designación se realizó durante una sesión ordinaria nocturna en la que el tema no estaba contemplado en el orden del día. Las y los legisladores llevaron a cabo una votación por cédula —es decir, secreta— que arrojó 18 votos a favor y una abstención de la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quien no estuvo presente en la sesión. 

Ambos ejercerán el cargo por un periodo de seis años, junto con otras tres personas que serán propuestas —dos por el Poder Judicial y una por el Poder Ejecutivo— y tendrán a su cargo la administración y vigilancia del Poder Judicial, con atribuciones para supervisar recursos humanos, financieros y logísticos. 

Al encontrarse presentes en la sede legislativa, Paladino Valdovinos y Lucía Espejo rindieron protesta constitucional en la misma sesión, en presencia de diputadas y diputados de las diferentes fuerzas políticas. 

Tan solo para 2026, el suegro del diputado panista y el colaborador del legislador morenista administrarán, junto con las otras tres personas integrantes, ejercerán más de mil millones de pesos, considerando que la propuesta presupuestal presentada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para ese año es de mil 500 millones, sujeta a aprobación. 

De acuerdo con un boletín informativo del propio Congreso, los ahora integrantes del órgano administrativo del Poder Judicial fueron electos por contar con el “perfil adecuado” para el cargo. 

Trayectorias y vínculos políticos 

Paladino Valdovinos, suegro de quien en las elecciones de 2021 se hizo pasar por indígena para lograr una diputación federal, ha ocupado diversos cargos públicos.  

Fue síndico en la administración del priista Manuel Martínez Garrigós y, en el trienio pasado —encabezado por José Luis Urióstegui Salgado, actual presidente municipal reelecto de Cuernavaca—, fungió como secretario de Desarrollo Económico y Turismo de la capital morelense.  

Además, se ha desempeñado como titular de órganos de control interno en la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Es administrador de empresas por la UNAM, fundador de Grupo Industrial PAL y expresidente de la Canacintra Morelos. 

Por su parte, Miguel Enrique Lucía Espejo fue suplente del senador de la República (LXIII Legislatura) Rabindranath Salazar Solorio y tomó protesta en el cargo por unos meses, lo que le permitió presidir la Comisión de Relaciones Exteriores. También dirigió la Unidad de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación, fue presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena (2015-2018) y, antes de su reciente nombramiento, fungía como principal asesor del diputado morenista Rafael Reyes Reyes. Hace unos meses se postuló para magistrado del Tribunal Superior de Justicia y posteriormente para el Tribunal de Justicia Administrativa, cargos que, de acuerdo con versiones de legisladores, el propio Reyes intentó negociar. 

Críticas por falta de imparcialidad 

Eliasib Polanco Saldívar, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Morelos, expresó su preocupación por los nombramientos, al considerar que los perfiles designados presentan vínculos evidentes con partidos políticos, lo que pone en entredicho la imparcialidad del nuevo órgano. 

“Vemos nombres muy públicos, personajes militantes de manera firme en Morena, como Miguel Lucía, ligado también al diputado coordinador Rafael Reyes, además de otras figuras con cercanía al presidente de la Junta Política. También hay nexos con Acción Nacional. Eso genera muchas dudas y lo considero un hecho inmoral”, declaró. 

Polanco sostuvo que, desde la oposición, el PRI estará atento al desempeño de los nuevos integrantes, pues el órgano administrativo debe actuar con legalidad y transparencia en el manejo de los recursos del Poder Judicial. Sin embargo, advirtió que el principio de imparcialidad queda comprometido por la cercanía de los nombrados con fuerzas políticas. 

El dirigente priista también destacó la designación de un asesor identificado como colaborador cercano de Rafael Reyes y de un familiar directo del diputado Daniel Martínez Terrazas, lo que calificó como un factor adicional de inquietud. 

“Lo que dejan estos nombramientos es una serie de alertas encendidas. Nosotros hemos pugnado por la independencia del Poder Judicial y por la separación de poderes. Sin embargo, vemos decisiones que parecen responder más a intereses partidistas que a criterios de imparcialidad. Eso es inmoral”, afirmó. 

Sobre posibles acciones legales, Polanco explicó que analizarán alternativas con sus asesores, aunque reconoció que se trata de un “hecho consumado” tras la votación del Congreso. 

“Difícilmente podremos hacer algo en un plano jurídico o legislativo, pero vamos a revisar qué alcances tenemos. Tenemos personalidad jurídica para intervenir, y lo vamos a explorar”, puntualizó. 

En redes sociales, ciudadanía y actores políticos han señalado que este caso evidencia cómo los dos diputados con mayor poder dentro del Congreso “se sirvieron con la cuchara grande”, cuestionando la ética y la rendición de cuentas. Incluso recordaron que Martínez Terrazas tiene antecedentes de actos cuestionables, como cuando en 2021 se hizo pasar por indígena para lograr una diputación federal, lo que refuerza las críticas sobre la inmoralidad y falta de transparencia en la designación.