TULUM, QRoo. (apro).- La Fiscalía de Quintana Roo aseguró el edificio Adamar Solimán en Tulum, a petición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), porque el desarrollador se negaba a detener la obra pese a clausuras motivadas al poner en riesgo la anidación de la tortuga marina sobre la costa. 

El martes, agentes de la Fiscalía local acudieron a Tankah IV, a unos 10 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Tulum, donde colocaron un sello de clausura en el edificio de siete niveles que comenzó a construirse a finales de 2023 sin permisos federales de impacto ambiental. 

Tras denuncias y demandas de amparo promovidas por vecinos y la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), la Profepa actuó y clausuró la obra.  

Un total de tres sellos colocó la dependencia federal en menos de año y medio; no obstante, el constructor, una sociedad mercantil de nombre Desarrollos Tulum Dieciséis, se negó a parar la obra. 

En los últimos meses, DMAS y vecinos solicitaron a las instancias judiciales, vía juicio de amparo, que se ordenara a las diversas autoridades que obligaran al desarrollador a detener la obra sobre el ecosistema costero, debido a que hubo desplazamiento de la tortuga marina para desovar. 

Al lado norte de la zona costera impactada se ubica el Santuario de la Tortuga Marina Xcacel-Xcacelito, un área natural protegida de jurisdicción estatal de suma importancia para la especie, que mantiene una zona de influencia natural en los alrededores, justo donde la empresa promotora de Adamar se negaba a detener la obra. 

A principios de agosto, el Juzgado Octavo de Distrito falló a favor de vecinos de Tankah IV, quienes promovieron una nueva demanda de amparo. El juez federal ordenó la demolición del edificio y la detención inmediata de los trabajos; el particular se negó tras apelar el fallo con un recurso de revisión. 

Fue entonces que el pasado martes, debido al quebrantamiento constante de sellos y la renuencia del desarrollador, un grupo de agentes ministeriales tomó el control del edificio dejando a la Profepa como encargada del inmueble, en un hecho inédito en Quintana Roo, donde es común que desarrolladores inmobiliarios ejecuten trabajos de edificación a pesar de clausuras. 

Mariana Boy Tamborrell, titular federal de la Profepa, expuso que la intención es dejar un precedente a nivel nacional y adelantó que irán contra otros desarrollos similares que no acatan sanciones. 

“A partir de 2024 identificamos que esta construcción se estaba llevando a cabo sin los permisos federales, es decir, sin la autorización en materia de impacto ambiental que se requiere por estar en zona costera, en ecosistema costero. Entonces la Profepa inicia su procedimiento, pero desafortunadamente a pesar de que la Profepa ordena la demolición del inmueble y la clausura total de la obra, ésta continúa”, informó Mariana Boy. 

Reconoció que esto se logró por la insistencia ciudadana en frenar la obra, quienes desde hace casi dos años no han quitado el dedo del renglón. 

“Este ha sido un desarrollo muy emblemático porque la ciudadanía ha mostrado su inconformidad por la ilegalidad de la construcción de este desarrollo.”