CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de organizaciones de la sociedad civil advirtió que la disculpa pública que Francisco Garduño Yáñez, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), presentará mañana a las víctimas del incendio del centro de detención migratoria de Ciudad Juárez “no debe interpretarse como una exoneración de responsabilidades ni como un acto de arrepentimiento” del exfuncionario, sino como un “primer paso simbólico en el proceso de reparación integral del daño”. 

La disculpa que pedirá Francisco Garduño este viernes 26 forma parte de las condiciones que le impuso el juez Víctor Manlio Hernández Calderón a cambio de una suspensión condicional que le permitió escapar a un proceso penal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público relacionado con el incendio del 27 de marzo de 2023, en el que murieron 40 migrantes. 

Ese día, algunos migrantes prendieron colchones para protestar contra sus condiciones de detención, lo que provocó un incendio. Los custodios del INM y de empresas contratadas por el instituto abandonaron el recinto, dejando de manera deliberada a los migrantes encerrados en sus celdas, donde quedaron atrapados entre el humo y las llamas. Además de los 40 fallecidos, 27 resultaron heridos de gravedad y 15 prisioneras del área de mujeres fueron afectadas. 

De acuerdo con las organizaciones –la Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en Migración, la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa y Derechos Humanos Integrales en Acción--, la disculpa es una “acción personal” de Garduño, no del Estado mexicano, y no debe interpretarse como el cierre del caso. 

“No resuelve las demandas de justicia ni garantiza que hechos similares no se repitan”, plantearon las organizaciones, según las cuales el Estado mexicano está obligado a entregar una compensación económica a cada una de las 82 víctimas, incluyendo las mujeres –que no fueron reconocidas como víctimas--, y entregarles una estancia por razones humanitarias.