OAXACA, Oax. (apro).- Las cifras de gobierno de Salomón Jara Cruz sobre la lucha indígena en Oaxaca son “escalofriantes”. En los primeros dos años y medio del gobierno morenista de Salomón Jara Cruz se cometieron 32 asesinatos de personas defensoras y la agresión individual a otros 44, así como 70 ataques contra grupos, comunidades, colectivos, organizaciones o movimientos sociales en Oaxaca. 

Así lo reveló el monitoreo “Oaxaca entre la criminalización, la violencia y la defensa comunitaria” que realizó Servicios para una Educación Alternativa (Educa) como resultado de la campaña permanente Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca, mismo que dio a conocer en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 

Y es que el 86% de las personas defensoras, víctimas de agresiones pertenecen a pueblos indígenas, en los que el 35.1% son zapotecos, 17.6% son ayuuk-mixe, 11.4% pertenecen al pueblo triqui, 7% son del pueblo mixteco, 7% del pueblo mazateco y 8% pertenecen a diferentes pueblos. 

En el programa de análisis Bloque Negro en el que participan los periodistas Antonio Mundaca (https://elmuromx.org/); Juan Carlos Zavala (https://www.estado20.com/); Pedro Matías (https://quepasapedro.com/) y Miguel Ángel Maya Alonso (El Pájaro Vaquero), el coordinador del área de Derechos Territoriales de Educa, Neftalí Reyes Méndez, sostuvo que con este gobierno de la 4T “vimos un incremento muy grave de la criminalización”. 

Durante la transmisión en streaming, a través de las redes sociales, Reyes Méndez, lamentó que con la 4T aumentaron los conflictos por el control de la tierra y territorio, se incrementaron las medidas de seguridad nacional y la militarización en el país, así como de las estructuras criminales y los mercados ilícitos cada vez más visibles y violentos que impregnan México. 

Y en el caso del gobierno de Salomón Jara, dijo, se encuentra generando procesos judiciales contra defensoras y defensores principalmente territoriales en el estado de Oaxaca y simulando una atención. 

“En Oaxaca se observa un patrón de penas excesivas. Estos “castigos ejemplares” para los defensores son una respuesta desproporcionada a su labor de defensa y buscan desalentar a las comunidades en resistencia”. 

Lo preocupante es que el gobierno estatal está legitimado por el gobierno federal de Claudia Sheinbaum y con personajes como Jesús Romero López podrían generar una situación muy grave para el estado de Oaxaca, principalmente para personas defensores y el movimiento social. 

Sobre la conflictividad territorial en Oaxaca, dijo, hemos registrado 166 hechos conflictivos, lo que equivale en promedio a más de un evento conflictivo por semana. Mencionó que los conflictos agrarios (44 hechos conflictivos) y la imposición del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT con 42 hechos conflictivos) destacan como focos rojos de conflictividad territorial, seguidos de la operación ilegal de proyectos mineros en los Valles Centrales y la Sierra Norte (22 hechos conflictivos). 

Cabe señalar que un conflicto emergente se encuentra en la Costa con el despojo de playas por proyectos turísticos. 

El documento resalta que el mayor agresor denunciado son las autoridades estatales (24.6%) seguidas de los poderes fácticos (22.8%) y las autoridades federales (21.1%). 

Lo que preocupa es la táctica de disuasión del Estado con el uso de grupos de choque: “Un actor que, tras su uso en tiempos oscuros, se pensaba que estaba en desuso; sin embargo, tanto en manifestaciones contra megaproyectos del gobierno federal, como en marchas y bloqueos de comunidades indígenas, migrantes y hasta mujeres, grupos civiles violentos reaparecieron y han generado conatos de violencia en el espacio público”. 

Además, agrega el documento, “en territorios ocupados por grupos del crimen organizado, se empiezan a borrar las fronteras entre estos poderes fácticos, los grupos sindicales y del partido gobernante”. 

El coordinador del área de Derechos Territoriales de Educa manifestó que con la llegada de Salomón Jara hubo un cambio de gobierno y de partido, sin embargo, “se mantiene la misma estructura política de control, la misma estructura de poder, incluso, podríamos decir que se mantiene la misma estructura de generar gobernabilidad con el control territorial”. Es decir, “hay un cambio de personajes, hay un cambio de partido, pero se mantienen las mismas estructuras políticas de control y la misma estructura de poder (y) esa política se está profundizando, se está complejizando porque hay dos actores como lo son los intereses por la construcción de megaproyectos”. 

Ahí están las represas, la Margarita Maza que se quiere construir en donde antes era la presa Paso Ancho, el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, los proyectos mineros en los Valles Centrales de Oaxaca o en la Sierra Norte, la turistificación en la costa de Oaxaca, la construcción del basurero de la ciudad de Oaxaca. 

“El otro actor que empezamos a ver y analizar en este monitoreo son los dos grupos violentos, grupos de choque o grupos ligados al crimen organizado en diferentes regiones y lo han podido ver con los asesinatos de autoridades locales”. 

Agregó que lo que se ha “podido ver con las denuncias hacia diferentes actores que están jugando un papel importante y que en este momento al menos en el nivel local, incluso hasta el nivel estatal existe una línea muy delgada incluso no se puede determinar hasta qué grado es parte el agresor de la autoridad local o autoridad estatal, hasta qué punto son grupos de choque o grupos ligados al crimen organizado y hasta qué punto son los intereses empresariales que se están queriendo imponer con mucha fuerza en el estado de Oaxaca”. 

Hizo hincapié que “el caso más fuerte de esta combinación, de estos tres actores y la creciente militarización, es la región del Istmo de Tehuantepec con la construcción del Corredor Interoceánico. 

Solamente en esa región se ha cometido el 50% de agresiones, el 50% de conflictividad y violencia de todo el monitoreo que hacemos se está desarrollando en el Istmo de Tehuantepec, esto significa que el gobierno de Oaxaca está criminalizando a los movimientos en resistencia aunado a que existe una presencia muy importante de la Guardia Nacional. 

Como parte de la reactivación de infraestructura en la región se está profundizando la violencia para grupos organizados o para actores que se encuentran en la defensa de sus derechos. Ahí está muy marcada esta dinámica entre la política gubernamental y la criminalización, la aparición de grupos de choque, la militarización y también la presencia de empresas privadas. 

“Entonces, a ese conjunto, es a lo que estamos llamando que se empieza a perfilar una política no de protección como como debería ser de acuerdo a los mecanismos internacionales, nacionales o estatales de protección a personas defensoras y periodistas, sino de mecanismos de agresión, marcadas por el poder desde la vía institucional, pero también desde la vía de la presencia y participación de actores de facto regionales que se están movilizando por el control de los territorios y para la obtención, por supuesto, de ganancias económicas muy importantes”, puntualizó. 

Finalmente, dijo que “Oaxaca puede ser la prueba piloto para lo que se puede venir con las otras regiones donde existen grandes intereses en términos de explotación de bosques, agua, minerales y construcción de infraestructura”.