BOGOTÁ (Proceso).- El gobierno de Venezuela que encabeza la chavista Delsy Rodríguez liberó ayer a la activista humanitaria y especialista en temas de seguridad y defensa Rocío San Miguel, quien reiteradamente advirtió de los riesgos de la militarización emprendida en México durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2014).

San Miguel, a quien el régimen de Nicolás Maduro mantuvo presa durante un año y 11 meses, fue liberada como parte de la excarcelación de varios presos políticos anunciada por el gobierno de Rodríguez como un gesto para contribuir a la “búsqueda de la paz”, según dijo el hermano de la presidenta y líder de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Theresly Malavé, abogada de San Miguel, dijo a periodistas que la jurista se encuentra “estable de salud”.

La activista de derechos humanos, conocida por sus informados análisis y estudios sobre temas militares, tiene las nacionalidades venezolana y española y podría viajar a España, según la cancillería del país europeo.

San Miguel, quien pasó su cautiverio en los calabozos de la policía política del chavismo, en un centro de tortura conocido como “El Helicoide” en Caracas, fue liberada junto con otros presos políticos, entre ellos los opositores Enrique Márquez y Juan Pablo Guanipa.

Para Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y decenas de organismos humanitarios de dentro y fuera de Venezuela, la activista era una prisionera política del régimen por sus investigaciones sobre los vínculos de militares y civiles chavistas con el narcotráfico y la corrupción.

Ella fue acusada por la Fiscalía de cargos como “traición a la patria” y “terrorismo”, catalogados de absurdos por grupos de derechos humanos que han aplaudido su liberación, que se produce cinco días después de un ataque militar estadunidense contra Venezuela en el que Maduro fue secuestrado y llevado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico.

En diferentes entrevistas con Proceso, San Miguel señaló que la creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas de la gestión pública en México durante el sexenio de López Obrador era un asunto “muy preocupante” que debía observarse en el “espejo venezolano”.

En febrero de 2021, cuando la militarización en México aún no llegaba a los niveles actuales, aseguró que, desde la experiencia venezolana, “los mexicanos deben estar alertas, porque cuando un gobierno le da soporte pretoriano, soporte militar, a sus políticas públicas, a sus políticas sociales, termina por partidizar a las Fuerzas Armadas”.

San Miguel explicó que el pretorianismo se entiende como la participación invasiva de los militares en las instituciones civiles y su utilización en proyectos políticos.

De acuerdo con San Miguel, quien hasta su detención, en febrero de 2024 presidía la ONG Control Ciudadano, si un gobernante soporta pretorianamente áreas como la seguridad pública, el reparto de ayuda social, la construcción de infraestructura y planes de salud “termina por dañar a la propia Fuerza Armada y a la sociedad y abre una ruta para la militarización de espacios civiles”.

Esto, afirmó, es lo que ocurrió en Venezuela y lo que ha ocurrido siempre que un país echa mano de las Fuerzas Armadas “para resolver los problemas de los políticos de turno”.

AMLO y el referente venezolano

San Miguel, maestra del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (Iaeden) de Venezuela, señaló al referirse al proceso de militarización en México que involucrar a los militares en labores de civiles termina por afectar un principio básico de la democracia: la subordinación del poder militar al poder civil.

Al final de estos procesos, afirmó, las Fuerzas Armadas se convierten en una megaestructura con enorme presupuesto, con las armas del Estado y con los servicios de inteligencia funcionando a su favor.

“Eso es el fin del Estado democrático”, afirmó.

San Miguel, quien fue investigadora del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de la Nación, asesora del Centro de Estudios Militares Avanzados y profesora de la Escuela Superior de Guerra Naval en Venezuela, consideraba que el proceso de militarización que se observaba con López Obrador en México tenía “puntos en común” con el venezolano.

Con López Obrador, los militares mexicanos construyeron el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, las sucursales del Banco del Bienestar, cuarteles de la Guardia Nacional y hospitales, con presupuestos de miles de millones de dólares.

Además, la Marina asumió el control de puertos y aduanas. Su argumento fue que en esas instituciones imperaba la corrupción y que los militares son “incorruptibles”.

Y resulta que una investigación de Proceso indicó que unos 200 elementos de la Marina y 150 del Ejército estarían involucrados en el megamillonario caso del “huachicol fiscal” y se encuentran bajo investigación, entre ellos 15 mandos de ambas fuerzas que tuvieron cargos en aduanas marítimas y terrestres durante la segunda mitad del sexenio de López Obrador.

San Miguel vio aspectos de la irrupción de los militares mexicanos en áreas tradicionalmente manejadas por civiles “que parecieran estarse copiando al calco de Venezuela”.

Dijo que lo ocurrido en los principales puertos venezolanos, que pasaron en 2009 a control militar, “es exactamente igual” a lo que ocurrió en México.

“Todos los puertos nacionales del país, por donde entra la mercancía lícita, pero también la ilícita, y todos los aeropuertos del país, los controla la Fuerza Armada Nacional”, indicó.

San Miguel señaló que el modelo de militarización “echa mano de las Fuerzas Armadas con el justificante de que la burocracia civil no funciona y de que hay que enfrentar los graves problemas de control territorial”.

Y esto, indicó, lo facilita el hecho de que en varios países de América Latina, México entre ellos, no se ha formado una élite civil para la conducción de políticas de defensa nacional.

La abogada y exprofesora de la Escuela Superior de Guerra Aérea consideró en 2021 que López Obrador estaba “importando” partes del modelo militarista del chavismo.

“Hay muchos elementos geopolíticos que operan sobre nuestros países, y sólo basta explorar comparadamente aquello que resulta exitoso en una parte para después aplicarlo como propio. Eso no es nada nuevo en política”, aseguró.

Y afirmó que, a juzgar por los hechos, tanto el soporte pretoriano del proyecto político como la participación de militares en áreas civiles “parecieran ser del gusto de López Obrador”.

Esto se facilita, dijo, porque las Fuerzas Armadas “no rinden cuentas horizontales, tienen fueros especiales y terminan siendo unas ‘cajas negras’ en nuestras sociedades, lo que facilita que generen focos de corrupción”.

En Venezuela, aseguró, los tráficos ilegales de drogas, de minerales, de combustibles y de armas “tienen una alta participación de jefes militares”.

Lo que pasa –sostuvo– es que los sectores de defensa en los países latinoamericanos se han manejado históricamente con opacidad. Los militares no rinden cuentas ni entre ellos. Y el nivel de recelo entre componentes (Ejército, Marina, Aviación) es enorme.

San Miguel sostuvo que “estas experiencias nunca terminan bien”