CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Viudas, sobrevivientes y organizaciones sociales demandaron castigo a los militares responsables de la masacre de 10 campesinos en El Charco perpetrada hace 27 años y a los expolicías federales que asesinaron al estudiante Antonio Vivar hace 10 años en Tlapa.

Ambos crímenes permanecen impunes.

En el caso de la matanza de El Charco, perpetrada el 7 de junio de 1998 en el municipio de Ayutla de los Libres (ahora de Ñuu Savi), viudas, sobrevivientes y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan demandaron a la presidenta Claudia Sheinbaum investigar y castigar al general Alfredo Oropeza Garnica que dirigió la masacre y a los militares responsables, además al exgobernador Ángel Aguirre Rivero y al expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

Para conmemorar la masacre de El Charco el viernes por la tarde un grupo de viudas y sobrevivientes, encabezadas por el Centro Tlachinollan, realizaron un mitin en la alameda central de Chilpancingo.

Y el sábado otro grupo acompañado del obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, marcharon a la escuela primaria Caritino Maldonado, donde sucedió la matanza, para depositar una ofrenda a los caídos, celebrar una misa y realizar un pronunciamiento.

El viernes, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, denunció que tras el crimen las autoridades en lugar de investigar al Ejército, acusaron a los sobrevivientes de terrorismo, los persiguieron y a cuatro de ellos ejecutaron.

La comunidad y sus alrededores, aseguró, continúan en las mismas condiciones de pobreza de hace casi 30 año motivo por el cual se organizaban y la escuela primaria Caritino Maldonado permanece en el olvido.

“A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum en días pasados hizo mención al caso, en el marco de las disputas partidistas con el expresidente Ernesto Zedillo, no se ha reunido con las víctimas ni se ha revisado el caso.

“Por esta razón 33 viudas y sobrevivientes han solicitado una reunión a la presidenta para expresarle la necesidad de justicia para las víctimas”, dijo el defensor de los derechos humanos. 

Ángel García García, hijo del sobreviviente Bernardino García Francisco, ahora finado, narró una parte de aquella mañana de terror, con base en el testimonio de su padre:

“Ellos (los campesinos y algunos estudiantes estudiantes) estaban tranquilamente durmiendo ahí cuando de repente escucharon la voz de los militares. Luego hubo un disparo al aire, los militares les gritaron que tenían que salir con las manos en alto.

El responsable de la operación, el general Juan Alfredo Oropeza Garnica, en ese tiempo comandante de la 35 Zona militar gritó: “¡Salgan perros, muertos de hambre!”.

“Salieron con las manos en alto, unos compañeros les creyeron, salieron con las manos en alto, pero una vez estando afuera les dispararon. Fue ahí cuando inició la masacre.

"Los que estaban adentro, entre ellos mi papá, al oír los disparos supieron que masacraban a los de afuera, entonces se tiraron al suelo mientras los disparos seguían.

“Con esas armas que portaban los militares rafaguearon la escuela, los disparos traspasaron las paredes e hirieron a algunos de los compañeros. A mi papá una de las balas le tocó en el pie.

“A los heridos los trasladaron a Acapulco donde ellos tenían que rendir una declaración para sembrarles un delito. Otros perdieron lo vida en el hospital, otros fueron torturados con golpes en la cabeza, los ahogaron, les dieron toques con electricidad”.

Dijo que la masacre no sólo se vivió en el momento de ejecutarla, sino por los años posteriores.

Eustolia Castro Ramírez, viuda de José Rivera Morales, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Evelyn Salgado una mesa de diálogo para manifestarles lo que han padecido a raíz de la masacre, además de las necesidades de sus pueblos.

Cinco sobrevivientes murieron en el camino sin que se les hiciera justicia y sin que el Estado les reparara el daño causado, dijo.

Negó que en algún momento los hayan indemnizado y recordó que si el entonces presidente municipal Odilón Romero Gutiérrez y su cabildo les dieron lo hicieron a espaldas de las víctimas.

El sobreviviente y encarcelado durante un año y medio, Anastasio Ramírez Simona, que en ese entonces tenía 24 años, exigió la reparación del daño.

“Recuerdo esas malas cosas como si fuera ayer. Venimos a exigirle que nos repare el daño que nos hizo el Ejército para todos los compañeros que fueron masacrados, encarcelados”.

“Somos campesinos, a veces andamos con miedo, pero acá andamos”, dijo.

El saldo fue aquella sangrienta represión fue de 10 indígenas Tu’un Savi y un estudiante de la Universidad Autónoma de México (UNAM) asesinados, cinco heridos graves, entre ellos un niño, 22 detenidos y torturados entre los que se encontraban cuatro niños y una estudiante universitaria.

Los ejecutados fueron: Mario Chávez Castro, José Rivera Morales, Ceferino Damián Marco, Fernando Félix Guadalupe, Daniel Crisóforo Jiménez, Apolonio Jiménez García, Honorio García Lorenzo, Manuel Francisco Prisciliano, Mauro Feliciano Castro, Carlos N y Ricardo Zavala.

De los 16 sobrevivientes, cinco han muerto.

En el mitin participó Norma Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).

Dijo que las masacres son crímenes de lesa humanidad y que no prescriben, pero que en México no se toca al Ejército ni con el pétalo de una rosa.

“Ningún genocida en el país ha sido castigado. Cuando eso suceda estaremos hablando de una transformación, lo que existe son los pactos de impunidad”.

“A 27 años de la masacre de El Charco y ya a 30 años de la matanza (de 17 campesinos) de Aguas Blancas (en el municipio de Coyuca de Benítez) no han sido castigado los asesinos mandados por (los exgobernadores) Rubén Figueroa Alcocer y Ángel Aguirre Rivero”.

Criticó que el partido en el gobierno Morena ha integrado a sus filas a Ángel Aguirre Rivero "traicionando al pueblo".

“No olvidemos que los militares que asesinaron en El Charco fueron los mismos responsables de más de 600 desapariciones en nuestro estado”.

El sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortés Chávez apuntó en su cuenta personal de Facebook que el 6 de junio de 1998 el consejo insurgente convocó a una reunión para tratar la ruptura con el EPR (Ejército Popular Revolucionario) y la autonomía en la producción de alimentos para enfrentar la estrategia de contrainsurgencia que el Ejército estaba llevando en contra de la población.

“Consistía en la destrucción de su siembra de alimentos y la situación de violaciones sexuales en varias comunidades. Solo se trató el 6 la ruptura el otro temo no se trató por qué en la madrugada del 7 de junio el ejército cercó la población y ese día se da la masacre”, contó.

Las masacres Aguas Blancas (1995) y Acteal (1997) y El Charco (1998) fueron parte de la violencia contrainsurgente del gobierno de Ernesto Zedillo para tratar de exterminar las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y terminar mediante las armas el descontento y organización campesina en contra de sus políticas.

Caso Antonio Vivar, 10 años impune

El domingo por la tarde en Tlapa, región Montaña, se celebró un mitin para conmemorar los 10 años del asesinato del estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Antonio Vivar Díaz a manos de la Policía Federal comandada por Enrique Galindo Cevallos, en la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Esa noche del 7 de junio de 2015, una bala que salió desde la capilla de la colonia El Tepeyac, donde policías federales se encontraban retenidos, impactó en el tórax del joven luchador social.

El crimen sucedió en el marco de las protestas que el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y otras organizaciones por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

En ese 2015 el movimiento social boicoteó las elecciones para exigir la presentación de los normalistas y en contra de los partidos que ya empezaban a incorporar a sus filas a integrantes de las organizaciones criminales.

Diez años después, la investigación de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía de Guerrero del caso de Antonio Vivar no ha mostrado avance alguno y ningún exagente de la Policía Federal ha sido detenido, menor procesado por el crimen.

La exigencia de los familiares es que se reactiven y agilicen las investigaciones y se sancione a los policías responsables.

Y que se castigue con todo el peso de la ley al entonces Comisario General de la Policía Federal, Enrique Galindo Cevallos, quien comandó el operativo donde fue asesinado Vivar Díaz.