HIDALGO (apro) .- Quince años después de haber sido expulsados, al amparo de los “usos y costumbres” de la comunidad, Celedonio Lara Escuedero –hoy de 102 años– y su familia no han podido regresar a Mecatlán, Yahualica, en Hidalgo, aunque una sentencia del tribunal agrario ratifica la pertenencia de sus propiedades, entre ellas una casa que ya fue destruida. 

En octubre de 2009, Celedonio vivía con un hijo de once años y otro mayor, Agustín, e Isabel, pareja de este último, quien estaba embarazada. 

Ellos fueron desalojados del poblado después de que las autoridades comunitarias acusaran que el hermano mayor, se dedicaba a robar. 

Previamente, esas autoridades, regidas por los usos y costumbres, impusieron a Celedonio el pago de cien mil pesos de multa, por los supuestos agravios. De lo contrario, los expulsarían. 

“En enero de 2007, falleció mi hermano mayor (Genaro). Mi papá recibió dinero por ese fallecimiento (cobró un seguro de vida), invirtió en la casa, en iniciar un negocio (flores y compra y venta de palmilla) y comprar más terreno. Mi papá tenía empleados, se dedicaba a trasladar, compraban y vendían flores. También tenía ganado”, narró a Proceso Emilio Lara Navarrete, hijo de Febronio, originario del poblado de Mecatlán, quien tampoco ha podido regresar a su lugar de origen por amenazas derivadas de esta prohibición. 

Los líderes comunitarios de aquel tiempo, respaldados por los usos y costrumbres, culparon a su hermano, Agustín, de haberse robado un trapiche –un molino utilizado para extraer jugo de la caña de azúcar u otros frutos– que, en aquel momento, dijo, tenía un valor de cinco mil pesos. 

Emilio relató que a su hermano “lo encarcelaron y fue golpeado salvajemente. Mi papá puso una denuncia en el ministerio público de Huejutla, denunciando la agresión, pero en respuesta las autoridades comunitarias de Mecatlán le dieron 72 horas para salirse de su casa. Él dijo que no”, a partir de entonces vino el desalojo forzado. 

Emilio refirió que su padre, Febronio, fue uno de los 72 fundadores del ejido de Mecatlán. “Él luchó por las tierras, asesorado por Lucio Cabañas”, afirmó; asimismo, sostiene que hubo una relación con el profesor guerrerense y guerrillero, jefe del grupo armado Partido de los Pobres que operó en la serranía de aquella entidad durante la década de 1970.  

“Llevó los ideales de Cabañas hasta Mecatlán”, añadió, además de sostener que tienen, en la narrativa oral y documentos posteriores, prueba de aquella relación. 

La casa de su familia ya no existe, pero mencionó que fue valuada por peritos especialistas del Tribunal Agrario Federal, en su momento radicado en Tampico Tamaulipas, en 1.5 millones de pesos. 

Emilio refirió que, después de haber ganado la demanda agraria, han existido entre ocho y diez intentos de ejecutar la orden judicial entre 2011, cuando se ganó el primer proceso, al 2023, pero la comunidad siempre se opone de que su padre regrese a la comunidad. 

“Han ido recrudeciendo sus acciones. Ellos argumentan que están mediante usos y costumbres, pero siempre se han vulnerado los derechos de mi familia”, aseveró, además de acusar que autoridades municipales, estatales y federales los protegen. 

En 2011, un topógrafo y un actuario fueron retenidos por personas de la comunidad, cuando acudieron a realizar la entrega-recepción, pero en esa ocasión la policía estatal de gobierno del estado se negó a proporcionar elementos, rememoró Emilio. 

En noviembre de 2015 se intentó ejecutar por segunda ocasión la entrega-recepción, que no se logró dado por insuficiencia de elementos de la seguridad pública para llevar acabo el procedimiento, ante la oposición de los líderes Celerino Sánchez Martínez, Sixto Navarrete San Juan, Leobardo Hernández Escudero, Apolinar Alvarado, José Gallardo Gutiérrez, Tomás Hernández Morales, Fortino Alvarado Sánchez, Emiliano Herrera Navarrete, Eliseo Coronel Gutiérrez, Marcelo Lara Canales, Arnulfo Lara Pérez, Anastasio San Juan San Juan, Martha García Pineda, Natalia Navarrete Pacheco y Eulogio Castillo, según el relato de la familia Lara Navarrete. 

Por los sucesos, se inició una averiguación previa en el ministerio público de Huejutla (795/1/2009), que fue turnada ante el juez penal de primera instancia con sede en la Lima, Jaltocan Hidalgo, con causa penal 61/2016, para liberar dos órdenes de aprehensión. 

El 7 de noviembre de 2016, la policía investigadora intentó llevar a cabo las ordenes de aprehensión, “pero el (entonces) presidente municipal de Yahualica, Eustorgio Hernández, se opuso a que se ejecutaran, escondiendo a los inculpados”.  

En ese operativo, fueron retenidos los policías ministeriales y, posteriormente, derrumbada la casa habitación de la familia Lara Navarrete. 

Los intentos siguientes para reingresar a la comunidad, también han sido frustrados. 

Retenciones y conflictos recientes 

En Mecatlán, el 27 de abril, pobladores retuvieron a la alcaldesa Francisca Lara Velázquez durante dos días. La edil dijo, el 14 de mayo, durante una visita al Congreso, que esto sucedió porque le pidieron 6 millones 800 mil pesos para organizar su fiesta patronal del Corpus Christi, sin darles respuesta positiva.  

Ella ofreció un millón, de recursos públicos, para este fin, propuesta que no fue aceptada. La comunidad, a su vez, la acusa de haber asumido un compromiso para financiar esta celebración y ahora incumplirlo.  

El 22 de mayo, el ayuntamiento publicó un comunicado en su página oficial de Facebook en el que expuso que las autoridades comunitarias de Mecatlán solicitaron 4 millones 416 mil 60 pesos para la fiesta patronal, pero que la petición fue denegada por insuficiencia presupuestal. En reacción a la negativa, habitantes de la comunidad bloquearon la carretera estatal Atlapexco-Calnali, en el entronque hacia la cabecera municipal de Yahualica. 

En la coyuntura de este conflicto, un profesor del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (Cobaeh), plantel Santa Teresa, en Yahualica denunció que fue encerrado en una cárcel comunitaria por criticar el uso de recursos para la contratación de agrupaciones que interpretan narcocorridos. 

Este martes 27, la alcaldesa fue retenida nuevamente y obligada a caminar por comuneros de Mecatlán, ante la exigencia de 4 millones de pesos para las festividades, también colocaron mensajes en la sede del ayuntamiento: "Clausurado por el pueblo", "El pueblo está despierto" y exigencias de renuncia para la presidenta fueron algunas de las consignas.