Libertad de expresión
Periodistas advierten sobre dictamen en Congreso de Michoacán: pone en riesgo libertad de expresión
De acuerdo con Artículo 19, el impacto de esa reforma penal “sería devastador para el ejercicio periodístico en Michoacán”, ya que “la cobertura informativa sobre violencia, crimen organizado y seguridad pública quedaría sujeta a persecución penal, atentando contra el derecho a la información.MORELIA, Mich. (apro).- Organizaciones defensoras de los derechos de periodistas y de la libertad de expresión alertaron que el Congreso michoacano —con mayoría de legisladores de la 4T—, pretende aprobar este miércoles el dictamen que tipifica penalmente la apología del delito, por considerar que los términos en que está planteada la reforma criminalizan la actividad periodística y constituyen un peligro para el ejercicio de la libertad de expresión.
El colectivo #NiUnoMás Michoacán advirtió que “se avizora un albazo” del Congreso del Estado para aprobar las reformas al Código Penal del Estado en materia de apología del delito en los términos propuestos por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, y que “resultan violatorios de derechos y atentan contra el ejercicio periodístico en esta entidad criminalizándolo”.
Lo anterior ocurre pese a los llamados, posicionamientos y alertas formulados por ese colectivo, por la Asociación Michoacana de Periodistas A.C. y por Propuesta Cívica sobre los riesgos que existen para el ejercicio periodístico en Michoacán con la redacción que planteó el Ejecutivo del Estado –y ahora replicada en el dictamen de la Comisión de Justicia- que es violatoria de los derechos a la información pública y el acceso a la información de las y los michoacanos.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Fabiola Alanís Sámano, había ofrecido un ejercicio de parlamento abierto para atender las demandas de #NiUnoMás Michoacán, lo que fue asumido en declaraciones por los coordinadores parlamentarios del PT, Reyes Galindo Pedraza; del PVEM, Sandra Arreola Ruiz; y por el propio presidente de la Mesa Directiva, Juan Antonio Magaña de la Mora.
Sin embargo, lo anterior no se cumplió, lo que “evidencia no sólo falta de voluntad y desinterés de los legisladores, sino también una postura cómplice frente a los casos de criminalización, censura y violencia judicial contra periodistas a causa de la reforma en caso de ser aprobada en sus términos.
Por su parte, la organización Artículo 19 expresó “su más firme rechazo” al dictamen que el Congreso del Estado de Michoacán pretende aprobar, mediante el cual se adiciona la fracción IX al artículo 24 y el artículo 163 quinquies al Código Penal estatal, tipificando la llamada “apología del delito”.
Para la agrupación defensora de la libertad de expresión, este dictamen “es alarmante”, pues “su redacción ambigua y su alcance desproporcionado constituyen una amenaza directa a los derechos humanos”.
Advirtió que si se aprueba en los términos en que se encuentra, se sancionaría a quien “por cualquier medio haga alusión de personas o grupos delictivos”, es decir, “bastaría con mencionar o referirse a estos grupos para incurrir en delito penal”, por lo que “esta formulación vaga no solo incumple los principios de legalidad y seguridad jurídica, sino que habilita un margen amplio para la censura y la criminalización de voces críticas”.
De acuerdo con Artículo 19, el impacto de esa reforma penal “sería devastador para el ejercicio periodístico en Michoacán”, ya que “la cobertura informativa sobre violencia, crimen organizado y seguridad pública quedaría sujeta a persecución penal, atentando contra el derecho a la información de la sociedad y generando un clima de autocensura en un contexto ya de por sí adverso para la prensa”.
La organización subrayó que los problemas de seguridad no se combaten silenciando al periodismo ni restringiendo la libertad de expresión, por el contrario, la transparencia y el acceso a la información son pilares esenciales para una sociedad democrática y para la construcción de políticas públicas eficaces.
Por lo anterior, puntualizó, “exigimos al Congreso de Michoacán abstenerse de aprobar este dictamen, abrir un proceso legislativo incluyente y riguroso, y garantizar que cualquier reforma penal respete los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”, pues “legislaciones que fomentan el castigo a la expresión no sólo son ineficaces, sino profundamente peligrosas”.