PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo (apro). - La Auditoría Superior de la Federación (ASF) logró revertir una sentencia que benefició a José Luis Pech Galera, exrector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, quien mediante un procedimiento abreviado buscó evitar una reparación integral del daño por un desvío de más de 20 millones de pesos perpetrados hace casi una década dentro de la Estafa Maestra.   

Con la nueva resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México, quedó sin efectos una sentencia dictada en noviembre de 2024 por la jueza Alejandra Domínguez Santos, entonces titular del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, también de la capital del país. 

La juzgadora había impuesto una condena de apenas ocho meses con 29 días de prisión y una mínima reparación del daño que no se aproximó a los más de 20 millones de pesos desviados. 

Lo anterior en contratos otorgados por Pech Galera dentro del esquema de la Estafa Maestra, cuando fue rector de la citada universidad quintanarroense con recursos provenientes de la Sedatu entre 2015 y 2016, dependencia federal entonces bajo la titularidad de Rosario Robles. 

A partir de esto, el también hijo de José Luis Pech Várguez, excandidato a la gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano y actual diputado local, se perfila a pagar hasta 60 millones de pesos por responsabilidad compartida con otros dos implicados en el fraude y enfrentar hasta 12 años de cárcel por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.  

Pech Galera había logrado el procedimiento abreviado al declararse culpable y poner fin así a un proceso penal iniciado en abril de 2022 cuando fue vinculado a proceso por el delito mencionado.  

Siendo rector, entregó contratos a diversas empresas para prestar servicios de diagnóstico y levantamiento de información para la citada universidad, aunque nunca cumplieron con sus fines contractuales, de acuerdo con las observaciones señaladas desde 2017 por la ASF.  

En la toca penal 9/2025 consultada por Proceso, con la que se revirtió la anterior sentencia, se lee que la jueza Alejandra Domínguez Santos no admitió un desacuerdo presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) al indicar que declararse culpable no era suficiente para reparar el daño y dar por concluido el proceso penal.  

Además, la FGR señaló que Pech Galera no garantizó de ninguna manera la forma de pago por el detrimento financiero causado al erario federal.  

Inconforme, la ASF apeló la sentencia, que finalmente logró anular. 

“Por lo tanto, la Jueza de Control debió considerar la oposición de la parte ofendida, toda vez que, no existe garantía de la reparación de daño (...) para la procedencia del citado procedimiento abreviado”, determinó el citado Tribunal Colegiado.