CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Rodeados de tres ataúdes y letreros donde exigieron apoyo a las autoridades estatales, integrantes de la Unión Funeraria de Tijuana demandaron que la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) deje de favorecer a ciertas empresas, pues esto les genera competencia desleal en el levantamiento de los cuerpos.  

El gremio, conformado por 24 negocios de este sector, se manifestó de manera pacífica este martes 16 de diciembre en una rueda de prensa organizada en una explanada de la Tercera Etapa del Río, en el municipio indicado, donde colocaron mensajes dirigidos a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y a la fiscal general María Elena Andrade Ramírez.  

“Las familias deben elegir, ¡No ser obligadas!”, “¡Fiscalía imparcialidad, no complicidad!”, “Nadie te obliga a elegir” y “¡Apoyo señora gobernadora y señora Fiscal”, fueron algunos de los textos mostrados.  

Héctor Abasolo, director funerario en la ciudad indicada, explicó que “ciertos actores internos de fiscalía” benefician “a un par” de empresas del municipio con los procesos de levantamiento de los cuerpos.  

“Ya estamos en una desesperación al grado de perder empleados, de estar en números rojos en cada casa funeraria. Suplicarle a la gobernadora nos volteé a ver y haga algo al respecto, (que) pueda voltear hacia abajo de la estructura de fiscalía y no se beneficie a unos cuantos. Que haya piso parejo para todos los compañeros y que no exista la intervención pública en los servicios privados funerarios”, señaló.  

Por turnos, otros integrantes del gremio compartieron los procedimientos de algunos trabajadores de la FGE, como el caso de Pedro García Tirado, médico legista jubilado del registro de la Secretaría de Salud y con experiencia de dos años en el Servicio Médico Forense (Semefo), quien aclaró que la Fiscalía únicamente está autorizada para levantar un cuerpo en caso de muerte violenta.  

“Si no es una muerte violenta, si es una muerte natural, no tiene por qué levantarla. Porque si levanta una muerte natural, ya se alteran las condiciones para hacer el certificado médico”, comentó.  

Agregó que si un fallecido de muerte natural es llevado al Semefo, no será abierto ni se le hará nada, pues ya cuenta con expediente y es razón suficiente para hacerle el dictamen.  

“En Semefo se hace una autopsia verbal, se le llama, y es todo”, remarcó García Tirado.  

Héctor Abasolo completó que, en el caso de los homicidios culposos, la Unidad de la FGE a cargo está trabajando con las clínicas y hospitales para una marca funeraria.  

“Les están dando esa capacidad legal de ellos autorizar, fiscalizar e inclusive aterrorizar a las familias de que, si no se quedan con ellos, el cuerpo tendría que ir a Semefo. Ahí ya hay una competencia desleal”, agregó.  

Denunció que para esto utilizan trabajadores con insignias de fiscalía y unidades balizadas de la institución.  

“Porque, como primer respondiente, tú llegas a un domicilio donde hay una persona finada y, obviamente los familiares, al desconocer ese sistema, pues optan por ir a la funeraria que ahí les están vendiendo. O sea, el negocio se ha cambiado a esa línea: donde la autoridad, el primer respondiente, es el que se queda con el negocio”, detalló el representante del gremio funerario.  

Lamentó que, por esto, hay semanas en los que no se encargan de algún cuerpo, además de reservarse los nombres de las empresas acusadas, pero reiteró la necesidad de que intervengan la gobernadora y la fiscal general.  

“La amenaza se torna un tema de una presión por irse a esa funeraria (la coludida con la FGE), si no, te llevo a Semefo, que es lo que el doctor (Pedro García Tirado) comentó que sería imposible: ¿por qué llevar a una persona que murió por un infarto y que tiene una certificación médica de su doctor de cabecera? Y la autoridad le comente que no se pueda. Que es a esa funeraria o se van a Semefo”, remarcó.  

Responde FGE 

Por su parte, autoridades de la FGE compartieron un comunicado donde refieren que el pasado 12 de diciembre tuvieron una reunión de trabajo con representantes de funerarias, con el fin de fortalecer la coordinación en los procedimientos de aviso y liberación de cuerpos.  

Acordaron que la institución notificará de manera clara los horarios de atención y el procedimiento oficial para la liberación de cuerpos, además de establecer como obligatoria la identificación del personal funerario mediante gafete y uniforme. 

También determinaron que se permitirá presionar a las familias para la firma de contratos funerarios, a fin de garantizar un trato digno y respetuoso durante el proceso; por último, se prevé una reunión de seguimiento para el viernes 26 de diciembre.